La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), así como el Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC) calificaron como una vergüenza las nuevas leyes de “Transparencia”y de “Datos Abiertos”.
“Es una vergüenza para Puerto Rico que su Gobierno vaya en contra de las tendencias mundiales y las mejores prácticas de transparencia. Ambas leyes constituyen un retroceso en los avances de años para dar mayor transparencia a la gestión pública y facilitar el acceso a información”, manifestó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.
Con ese mismo adjetivo calificó Luis Guardiola, presidente del OPC, las leyes firmadas por Rosselló horas antes de que se concretó su renuncia. Guardiola hizo las expresiones durante el anuncio de los finalistas al Premio a la Excelencia Periodística de 2019, donde, además, anticipó acciones contra las nuevas leyes.
“El pasado gobernador Ricardo Rosselló incumplió su palabra de principios del cuatrienio cuando dijo que vetaría el proyecto si no era de real transparencia. Su compromiso fue que si se enmendaba para hacerlo más restrictivo y contraproducente, lo vetaría”, declaró Suárez al recordar que reiteró dicho compromiso en su última conferencia de prensa.
Ante el nuevo dilema, Suárez indicó: “La Asppro evalúa las implicaciones con el asesoramiento de abogados y cumplirá su deber de orientación al público y educación a los periodistas para ayudarlos a enfrentar los problemas que anticipamos ocurrirán”.
Por otro lado, horas antes de que se determinó por el Tribunal Supremo que debía abandonar la gobernación, Pedro Pierluisí expresaba que analizaría los estatutos. “Las leyes que fueron firmadas recientemente se hicieron dentro del ejercicio de las prerrogativas del entonces gobernador. Es mi intención, no obstante, revisar con particular atención la Ley de Transparencia. Aunque la misma atravesó el correspondiente trámite legislativo, comprendo las preocupaciones que aún existen en cuanto a su alcance. Además, reconozco que en un ambiente como el que estamos atravesando existe un legítimo interés de ser más abiertos en cuanto a la información”, dijo Pierluisi. Proponía reunirse con los gremios periodísticos, sin embargo, su gobernación concluyó a las 5 de la tarde de ayer.
Trabas
• Periodo automático de 10 días laborables de espera para solicitar información al Gobierno, término que podría aumentar a 25 días
• No permite las solicitudes verbales y la entrega inmediata de la información, aun si es de fácil acceso en la agencia.
• Doce excepciones para la divulgación de información, más que las de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos
• Habrá que recurrir exclusivamente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para buscar un remedio judicial cuando les denieguen o ignoren pedidos de información.
• Eliminan multa contra funcionarios que obstruyeran el acceso.
• Limita los mecanismos que utilizan los periodistas para solicitar información.
