El alegado acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) con algunos bonistas de Obligaciones Generales (GO) que no ha sido confirmado de manera oficial, pero del que ya varios medios especializados han dado detalles, sería muy generoso, por lo que ha trascendido, opinaron el economista Daniel Santamaría Ots y el abogado Rolando Emmanuelli.
Esta semana, el medio estadounidense The Wall Street Journal publicó que la JCF había logrado un acuerdo preliminar con bonistas de GO, que representa $18,000 millones. Sin embargo, tanto la JCF, como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) declinaron comentar el acuerdo con Metro bajo el alegato de que aún se mantienen en un proceso de mediación con los acreedores.
“Los Bonos de Obligación General (GOs) de Puerto Rico están en plena subida hoy (jueves), tras un alarmante preacuerdo de la Junta con Hedge Funds de Nueva York. Recordemos que estos bonos eran los que, supuestamente, la Junta (de Control Fiscal) quería impugnar por vulnerar los límites constitucionales. Inicialmente, la Junta ofrecía la posibilidad de acuerdo con los bonistas de GO de 2014 con recortes del 65 %; es decir, que su valor de recuperación iba a ser de 35 centavos por dólar si los bonistas pactaban. Después del preacuerdo de hoy, ya cotizan a 70 centavos por dólar. Puerto Rico se dirige a pagos insostenibles de su deuda. Ya ocurrió con Cofina, parece que ocurrirá con la AEE y se confirma que está ocurriendo con los bonos del Gobierno central. La ciudadanía pagará las consecuencias”, advirtió en declaraciones escritas el analista senior de Política Pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots.
Precisamente, esta semana Santamaría Ots publicó el informe “Efecto Cofina: quién gana, quién paga”, en el que destaca que el acuerdo de reestructuración de deuda de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), aprobado hace un año por la jueza federal Laura Taylor Swain, llevará a Puerto Rico a pagos insostenibles en el futuro.
El abogado Rolando Emmanuelli coincidió con la opinión del economista.“En realidad esto es algo decepcionante, en términos de que la información que existe implica que el acuerdo se va a dar porque les van a ofrecer más dinero a esos bonistas. La situación económica de Puerto Rico no ha cumplido con las expectativas de la Junta en cuánto a cómo los definió en el plan fiscal de mayo del año pasado, no solamente porque los fondos federales no llegaron, ni porque nos azotaron, sino, obviamente, porque no ha habido una clara o confiable manera de seguirle la pista a la economía de Puerto Rico”, sentenció el abogado.
De igual forma, dijo que lo que se propone en el plan de ajuste para el servicio de deuda es demasiado dinero. “No se puede descansar solamente en que se acelera el trámite de la salida de la quiebra. Aquí hay que mirar si los acuerdos son justos para el pueblo de Puerto Rico, ya que va a quedar el pueblo vinculado por más de 30 a 40 años”, repudió.
Emmanuelli sostuvo que salir del Título III no necesariamente hará que Puerto Rico salga de la Junta de Control Fiscal, ya que la Ley Promesa determina que se deben lograr cuatro presupuestos balanceados para eso.
Determinante el acuerdo
Por otro lado, el abogado experto en quiebras John Mudd destacó que la cantidad que se otorgue en este acuerdo podría determinar el monto que lograrán negociar los otros bonistas.
“Eso depende de que sea cierto, que probablemente lo es. Dos, qué hay en el acuerdo. Tres, de qué GO estamos hablando, porque tengo entendido que eran los de 2012, que eran los del problema más grande de invalidez que existía. Si ese acuerdo es con ellos, la cantidad de dinero que está involucrada te va a decir cómo van a ser los demás”, dijo el abogado.
