La representante Lourdes Ramos, autora de la medida que ordena a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) dejar intactos los beneficios del sistema de retiro del a institución, aceptó que hay una “posibilidad real” de que la Legislatura intente ir por encima del veto expreso de la gobernadora Wanda Vázquez a la resolución conjunta.
La medida, que se aprobó sin enmiendas en ambas cámaras el 28 de marzo, tuvo el voto en contra del representante de mayoría José Aponte, mientras que se aprobó unánimemente en el Senado.
“Es una posibilidad real que puede estar en el panorama. Nos tenemos a reunir como caucus y no me atrevería a comprometer el voto de los compañeros en una decisión tan importante como esta. También estoy pidiendo una reunión con la gobernadora de manera que ella tenga las dos caras de la moneda. Lo más probable la Junta de Gobierno le llevó una información que no es del todo cierta”, dijo Ramos a Metro.
Para ir por encima de un veto expreso, la Legislatura necesitaría al menos dos terceras partes de los votos en ambos cuerpos, es decir, 20 de 30 en el Senado y 34 de 51 en la Cámara de Representantes.
En declaraciones escritas, el portavoz de la mayoría penepé en el Senado, Carmelo Ríos, dijo que el caucus discutiría la medida el 27 de abril, día para el que está pautada la siguiente sesión.
En el veto, con fecha del 15 de abril, Vázquez puntualiza que en los pasados tres años fiscales la UPR ha enfrentado recortes que superan los $332 millones en las asignaciones que recibe del Estado, y que de cara al año fiscal 2021 se prevé una merma adicional de $71 millones.
“Eso es como decirle a un niño que no tiene zapatos porque no tiene dinero que tiene prohibido caminar para que no se le dañen los pies. El problema no es que no tenga zapatos, es que no tiene dinero. Si le preocupa tanto la salud financiera y fiscal de la universidad, que no nos siga recortando y resolvemos los otros problemas junto al del retiro”, sostuvo el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Ángel Rodríguez.
La resolución conjunta, que tiene como coautores al novoprogresista José “Che” Pérez y al independentista Denis Márquez, ordena a la Junta de Gobierno preservar el plan de beneficios definidos vigente “incluyendo detener cualquier intención de aumentar la edad para jubilación de los servidores públicos del sistema de la universidad y detener cualquier intención de congelar las aportaciones de los empleados al Fideicomiso de Retiro de la UPR”.
El plan fiscal más reciente que la Junta de Gobierno sometió a la Junta de Control Fiscal (JCF) contempla que la edad de retiro se aumente a 65 años para todos aquellos empleados que no cumplan con los requisitos para jubilarse, así como cambiar el modelo a uno de uno de beneficio definido a uno de contribución definida.
La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, Jannell Santana, criticó que la Junta del Sistema de Retiro no participara en la elaboración del plan fiscal.
“Para nosotros esto es una agenda que hay de parte de la Junta de Gobierno, de la JCF y ahora de la propia gobernadora y nos preguntamos quién se esta beneficiando de esta decisión. Tenemos un retiro que está solvente. Hay una deuda que ha provocado la propia universidad al no hacer las aportaciones que tiene que pagar. Pero de todos los fondos de retiro que hay (en el sistema público) es el más solvente y ellos quieren simplemente destruirlo”, puntualizó Santana, al apuntar al contraste entre las posturas que ha asumido el organismo fiscal con relación al retiro de la UPR y su reconsideración de recortar los beneficio de los pensionados del gobierno central.
De acuerdo con el veto de Vázquez, la cifra de jubilados (9,316) ya supera la de participantes activos (9,283), un marcado contraste con las cifras en 2009, cuando había 6,892 pensionados y 12,624 empleados aportando al sistema de retiro.
Ramos, sin embargo, lo atribuyó a la política de varios años de la UPR de depender de profesores por contrato que no contribuyen al fondo, en lugar de otorgar plazas docentes.
La legisladora, asimismo, aseguró que el plan de pensiones está financiado en 48 centavos de cada dólar que se adeudaría a futuro, pese a que la gobernadora indicó en su veto que el ‘funding ratio’ es de apenas 31.8 centavos.
En un comunicado, el presidente de la Junta de Retiro, Eduardo Berríos, refutó al argumento de Vázquez de que las inversiones del fideicomiso no han llenado las expectativas, al apuntar a que los estados financieros auditados señalan que generaron ganancias de $587 millones entre 2014 y 2018.
La JCF, a través de su portavoz Edward Zayas, pareció adelantar que, en caso de que la Legislatura fuera por encima del veto de la primera ejecutivo, el ente federal impugnaría la implementación de la resolución conjunta.
“La Junta de Supervisión Fiscal hará uso de todos los recursos que le provee la Ley Promesa para hacer valer el Plan Fiscal, tal como lo ha hecho en el pasado”, lee una declaración enviada por Zayas.
“Yo tengo que agotar todos los recursos que me da la Constitución de Puerto Rico porque fui electa y mis compañeros también. Se supone que la Junta de Supervisión Fiscal no está para crear leyes y hay un inciso en Promesa que establece que tiene que haber legislación y que la Legislatura tiene que ser parte de la toma de decisiones. Si ellos insisten nosotros seguimos luchando hasta las últimas consecuencias. La jueza (que preside los casos bajo Promesa) Laura Taylor Swain puede tener una opinión pero también se puede equivocar. Si llevamos todos los elementos y pruebas podríamos tener éxito”, subrayó Ramos.
