El Departamento de Salud no fue la única agencia del Gobierno que compró pruebas de detección del COVID-19, mascarillas y otros suplidos para la pandemia. La Guardia Nacional de Puerto Rico también realizó sus compras, y al menos una de sus transacciones comparte lo que ha sido un patrón del Gobierno durante la emergencia: incumplimiento con los términos pactados, intermediarios sin experiencia en productos médicos y compañías que desaparecen como fantasmas.
Entre abril y el 30 de junio la Guardia Nacional desembolsó $4.3 millones en compras relacionadas a la emergencia.
La información de los suplidores de la Guardia Nacional fue compartida con el Departamento de Salud, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) José Reyes, ayudante general de la Guardia Nacional.
Reyes precisó que en una reunión en La Fortaleza, Mabel Cabeza, ex jefa de personal de Salud y enlace entre el Task force médico designado para la pandemia y la rama ejecutiva, le preguntó quiénes estaban haciendo cotizaciones de compra para equipo relacionado a la emergencia a la Guardia Nacional. El CPI pidió a Salud la lista de suplidores que habría recibido de la Guardia Nacional, pero no obtuvo respuesta.
“En Fortaleza se discutió en varias reuniones la emergencia del COVID y en ese momento, allí presente, Mabel Cabeza me preguntó con quiénes estaban buscando cotizaciones la Guardia Nacional. Y le mencioné que estábamos buscando multiplicidad de posibles vendedores dentro y fuera de Puerto Rico. Y en ese momento me pidió que compartiera algunas de las compañías que estaban haciéndole propuestas a la División de Compras de la Guardia Nacional”, dijo Reyes al CPI.
El Departamento de Salud compró a suplidores, en las mismas fechas, con precios más altos en comparación con productos similares para COVID-19 adquiridos por la Guardia Nacional, según surge de la entrevista con Reyes, así como de las órdenes de compras de Salud y la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional cambia versiones sobre la lista de compañías para cotizaciones
Luis Alcaraz Fuentes, decano de la Escuela de Aeronáutica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, fue uno de los contactos que pasó de hacer una cotización fallida a la División de Compras de la Guardia Nacional a lograr ventas multimillonarias con Salud.
El decano, que no tiene experiencia previa en la venta de productos médicos, dijo entre el 16 y 20 de marzo a la División de Compras de la Guardia Nacional que era representante de la empresa Metro Rehab, según Reyes. Alcaraz intentaba vender equipo médico relacionado al virus, principalmente mascarillas N95, pero su oferta fue rechazada por no ser competitiva, dijo el militar.
A pesar de esto, Reyes compartió el contacto de Alcaraz con el Departamento de Salud, quien cotizó a nombre de Maitland 175, una compañía de Orlando con la que logró que se le hicieran ocho órdenes de compra (dos de ellas para cubrir el gasto de fletes) que suman $12.8 millones en suplidos para combatir la pandemia.
Reyes dijo al CPI que no pidió cotización a Alcaraz Fuentes, sino que este último “hizo el acercamiento a la Guardia Nacional” para someter la cotización. Una semana más tarde de la entrevista a Reyes, Angelique Adjutant, oficial de asuntos públicos de la Guardia Nacional, dio una versión diferente. Dijo que la Guardia Nacional se comunicó por teléfono con varias compañías para pedir cotizaciones.
El CPI preguntó cómo la Guardia Nacional elaboró la lista de compañías a las que pidió cotizaciones por teléfono o de dónde obtuvo la lista. Adjuntant respondió que provenían de la lista de suplidores registrados en la Administración de Servicios Generales (ASG).
Sin embargo, el CPI corroboró que Maitland 175 no está en la lista de suplidores de la ASG.
Alcaraz Fuentes logró que Salud se comunicara con él a través de una llamada telefónica que sostuvo con Reyes. Tras la llamada, el militar se comunicó con el Departamento de Salud para que llamaran a Alcaraz Fuentes, según el informe de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre las contrataciones del Gobierno durante el período de emergencia por COVID-19.
El ayudante general de la Guardia Nacional dijo al CPI que no conoce ni conocía a Alcaraz Fuentes y que tampoco lo conoció en el proceso de cotización a la División de Compras de la Guardia Nacional.
Salud pagó entre 120% y 420% más, al compararse precios de los mismos artículos
Hasta mayo, Maitland era el suplidor que más ventas realizó a Salud en la pandemia, según las órdenes de compra obtenidas. Los suplidos que vendió llegaron y fueron entregados, confirmó Salud. Pero similar a lo que ocurrió con la transacción fallida de pruebas por $38 millones a la compañía de construcción APEX, algunas de las ventas de Maitland fueron a sobreprecio.
La primera orden que Salud hizo a Maitland fue el 20 de marzo: 200,000 pruebas serológicas de la marca Zhejiang Orient Gene Biotech a $26 cada una, para un total de $5.5 millones. Un día después, el 21 de marzo, el Gobierno de Perú consiguió 700,000 pruebas de la marca Orient Gene a menos de $5, según la orden de compra obtenida por el CPI.
La diferencia de precio es de sobre $20 por cada prueba, a pesar de ser de la misma marca.
[Poner foto factura de compra 1] y foto de compra de Perú por la misma prueba
“Nosotros conseguimos compañías que nos dieron la [mascarilla] N95 a $3.15 o a $3.50”, entre los meses de marzo y abril, dijo el ayudante general de la Guardia Nacional. Mientras, Salud compró a Maitland 500,000 mascarillas KN95 (equivalente a la N95, de manufactura China) a $8 cada una, para un total de $4 millones el 20 de marzo.
Maitland no solamente vendió a Salud mascarillas y pruebas serológicas que detectan anticuerpos contra el virus. También vendió gafas protectoras, termómetros tipo pistola y face shields, entre otros productos.
La Guardia Nacional también tuvo problemas con suplidores
Nueve días después de la compra de Salud, la Guardia Nacional de Puerto Rico compró unas 20 mil pruebas “rápidas” de anticuerpos marca Cellex a la empresa Iceland Holdings/Probat LLC por $11 cada una; $15 más baratas que las que Salud había adquirido a través de Maitland. Al momento de la compra, esta marca contaba con la autorización de uso de emergencia de la FDA.
El cuerpo militar pagó por adelantado el 50% de esta orden, $110,000, el 4 de abril, y esperaba recibir las pruebas el día 30 del mismo mes.
Sin embargo, Reyes canceló la orden el 11 de mayo porque Iceland Holdings no cumplió con la fecha de entrega y le dio siete días para devolver los $110,000 que se le pagaron por adelantado a la empresa, según documentos de la Guardia Nacional entregados al CPI.
Un mes después, el 4 de junio, Reyes dejó sin efecto la cancelación de la orden, aduciendo a que la empresa había “experimentado una dilación de órdenes provenientes de China”.
Las pruebas llegaron el 9 de junio, con dos meses de retraso. Aun así, la Guardia Nacional procedió a pagar el total de la orden, sin solicitar descuento o establecer alguna penalidad a la empresa por el atraso.
Iceland Holdings se registró como corporación de responsabilidad limitada el 2 de marzo de 2018. La naturaleza de su negocio es la “administración de bienes raíces y operación de turismo”, según el registro del Departamento de Estado. La dirección de la empresa es una casa en la calle Venus de Carolina.
El CPI contactó a Difra Bjork Landmark, presidenta y directora ejecutiva de Iceland Holdings/Probat, para saber de qué forma su empresa tuvo contacto con la Guardia Nacional. También se le cuestionó si tenía experiencia previa en venta de pruebas o productos médicos, entre otras preguntas enviadas a dos correo electrónicos. Bjork Landmark devolvió una llamada, pero su único comentario fue que vendió las pruebas marca Cellex a la Guardia Nacional porque “tenía la licencia para hacer la venta”.
Las pruebas que compró la Guardia Nacional a esta empresa eran para distribuirse exclusivamente entre efectivos militares que realizan labores relacionadas a la emergencia pandémica en puertos marítimos y en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.
Maitland no está registrada para hacer negocios en Puerto Rico
Michelle de la Cruz, portavoz de prensa de Salud, no contestó por qué esa agencia contrató a una empresa que no está registrada en el Departamento de Estado para hacer negocios en Puerto Rico. Tampoco contestó el secretario de Estado, Elmer Román, cuál sería la consecuencia de contratar a una empresa que no está registrada en esa agencia.
Para que una corporación extranjera pueda hacer negocios en la isla, incluyendo a las de Estados Unidos, debe registrarse en el Departamento de Estado de Puerto Rico, según la ley de esa agencia y la Ley General de Corporaciones. Sin embargo, Maitland no aparece en el Registro de Corporaciones como una compañía autorizada para hacer negocios en la isla.
Existen algunas excepciones a este requisito, como “una acción aislada” que se complete dentro de un periodo de 30 días y que no forme parte de una serie de negocios similares. Maitland obtuvo ocho órdenes de compra distintas en un periodo de 30 días, y la entrega de algunos productos tardó más de un mes.
Según la ley de corporaciones, la única consecuencia de hacer negocios en la isla sin estar registrado en el Departamento de Estado es que la compañía extranjera no podrá demandar en los tribunales de Puerto Rico, explicó una abogada corporativa consultada por el CPI. La transacción, sin embargo, no se invalida ni se anula. Si la compañía paga el cargo aplicable ($150 en el caso de corporaciones) y se registra en el Departamento de Estado, puede corregir la falta para estar en cumplimiento aún después de haber hecho el negocio.
La abogada, que pidió permanecer anónima, explicó que los términos de entrega determinan en qué lugar es que se transfiere el título de propiedad de la mercancía: en el puerto de embarque o en el destino. En el caso de Maitland, la orden de compra establece que se transferiría el título de propiedad de sus productos en el destino, en este caso, Puerto Rico, por lo que se considera que el negocio se realizó en la isla. A pesar de esto, el Gobierno pagó impuestos en la Florida como si la transacción se hubiera materializado en ese estado, y no en la isla.
Además, por las compras de Maitland, Salud pagó más de $360,000 en impuestos del estado de Florida que la agencia pudo haber evitado llenando un formulario de exención de tarifas, dijo en vista pública el secretario auxiliar de Contabilidad de Hacienda, Alfonso Rossy Raíces, según el informe final de la comisión cameral que investigó las compras de pruebas en Salud.
Por otro lado, la ley que centraliza las compras del Gobierno en la Administración de Servicios Generales (ASG) requiere que esta agencia autorice las dispensas que se otorgan a compras durante el periodo de emergencia, incluyendo que la compañía no tenga que estar registrada en el Registro Único de Licitadores (RUL).
La mayoría de las compras a Maitland fueron el 20 de marzo, y no fue hasta el 24 de marzo que la ASG emitió un memorando mediante el cual exime de este requisito las compras relacionadas a la emergencia del COVID-19.
Sin embargo, la ASG aseguró al CPI que en este caso, una orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez firmada el 16 de marzo delegó en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) la supervisión directa de las compras de emergencia del COVID-19.
Ese mismo día, la OGP emitió un memorando que establece “los procedimientos a seguir para las compras de emergencia relacionadas con el Covid-19 que afecta a Puerto Rico”, y que aplican al Departamento de Salud. El DS debió radicar un formulario denominado “Forma 113”, acompañado de una justificación de necesidad del bien solicitado y la orden de compra o contrato de emergencia, según sea el caso.
El memorando de OGP no dispone los requisitos que compañías como Maitland deben cumplir para poder realizar ventas al Gobierno durante la emergencia.
El CPI preguntó a la OGP si evaluó y autorizó las compras hechas por Salud a Maitland, al igual que cuáles son los requisitos que compañías extranjeras deben cumplir para hacer negocios con el Gobierno durante la emergencia, pero no obtuvo respuesta.
Metro Rehab, la empresa que Alcaraz Fuentes dijo representar para cotizar ante la Guardia Nacional, tampoco está registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Alcaraz aparece como director de Metro Rehab of Orlando, una corporación registrada en Florida y que estuvo activa del 2011 al 2013. En 2014, el Departamento de Estado de Florida disolvió la corporación, dejándola inhabilitada para hacer negocios por no someter los informes anuales requeridos para mantener la corporación activa, indagó el CPI.
[Poner foto: 1-Maitland dirección 7546 Park Springs Circle, fuente Google Maps]
[Poner foto: 2-Maitland, dirección 6633 Lake Cane DR, fuente Google Maps]
Sin rastros de Maitland y Alcaraz Fuentes
A pesar de que gestionó las ventas de Maitland 175 con el Gobierno, Alcaraz Fuentes dijo que no ocupa ningún puesto en esa empresa, sino que es “amigo de la dueña de la compañía, la Sra. María Hsueh y en ocasiones la he asistido en algunos negocios”. Maitland 175 “se dedica a mover productos de China a Estados Unidos” y es “la primera vez” que esa empresa “tuvo alguna relación con el Departamento de Salud de Puerto Rico”, indica el informe de la Comisión de Salud.
Alcaraz Fuentes también declaró por escrito a la Comisión de Salud que el 16 de marzo “le envió un mensaje de texto al Director de la Autoridad de Puertos, el Lcdo. Joel Pizá, en el que ofreció su peritaje en logística y rutas aéreas, además de sus contactos en Asia para asistir al Gobierno de Puerto Rico con la adquisición de cualquier equipo que fuera necesario para combatir la pandemia”. Alcaraz añadió que conoce a Pizá porque fue profesor adjunto en la Escuela de Aeronáutica de la Universidad Interamericana.
El CPI intentó contactar a Alcaraz a través de varios números telefónicos, personales y de su oficina como decano de la Escuela Aviación de la Universidad de Interamericana, así como a través de varios correos electrónicos, pero no hubo respuesta.
Las direcciones de Maitland también aparecen como domicilio para al menos otras 17 corporaciones. La presidenta de Maitland 175, Maria T. Hsueh, y el vicepresidente, Ming Chi Hsueh, están registrados como presidente o agente residente de esas 17 corporaciones. Ninguna de las empresas asociadas a María y Ming Hsueh tienen relación con la industria de la salud. Incluyen firmas de inversión como Bofine Investment, Innovation International Investment y Barrix Investment, las cuales no tienen presencia en internet o están inactivas.
La firma de Hsueh aparece en las facturas de Maitland a Salud.
[Poner foto Corporaciones MARIA T HSUEH, fuente Division of Corporations State of Florida website]
El CPI intentó contactar a María Hsueh en el número telefónico que aparece en las facturas pero un mensaje automático indica que el buzón está lleno. Además, intentó contactarla a través de Aviation Training Management (ATM), escuela de aviación de Tennessee registrada en Florida con la misma dirección de Maitland 175 y en la que María y Ming Hsueh aparecen como gerentes. Un mensaje preguntando por María Hsueh al Director Ejecutivo de ATM, Dave Garvey, no fue respondido. También se les intentó contactar a través del número de otra de las empresas que tienen la misma dirección de Maitland y en la que Hsueh aparece como vicepresidenta, Delaney Park Holdings, pero el número está fuera de servicio.
Ayudante de la Gobernadora exigió firmar contrato de Maitland
Las compras a esta empresa, que se pagaron por adelantado, fueron aprobadas por Concepción Quiñones de Longo, ex secretaria interina de Salud, indican correos electrónicos anejados a las órdenes de compra.
“Yo di toda la información en mi disposición en la Cámara de Representantes. Luego del referido mi abogado me recomendó no hablar más [sobre las contrataciones de Salud durante el inicio de la pandemia]”, respondió Quiñones de Longo cuando el CPI la contactó para preguntarle sobre los criterios de aprobación de las compras a Maitland.
Quiñones de Longo declaró ante la Comisión de Salud que Marisol Blasco, ayudante especial de la Gobernadora, la llamó para exigirle que firmara el contrato de Maitland. Blasco negó haberle dado tal instrucción. La actual Ayudante de la Gobernadora sostuvo su versión, contradiciendo tres testimonios de funcionarios que declararon haberla escuchado impartir estas instrucciones a Quiñones de Longo, dice el informe de la Comisión, en referencia a la secretaria auxiliar de Salud Ambiental, Mayra Toro, el ex ayudante de Quiñones de Longo, Roberto Rosso, y el ex director de asesores legales de Salud, Raúl Banda.
Al igual que las otras tres marcas de pruebas serológicas obtenidas por Salud, la marca Orient Gene que vendió Maitland al Gobierno de Puerto Rico no contaba con la aprobación de la Agencia de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos al momento de la compra. El secretario de Salud, Lorenzo González, dijo al CPI a principios de abril que 200,000 pruebas fueron entregadas al Gobierno luego de recibir el “visto bueno” de la FDA, pero esto no es cierto, según un documento de esa agencia emitido el 20 de mayo. El funcionario no especificó entonces que estas fueran las pruebas de Maitland, pero la única orden de compra por esa cantidad se le hizo a esta empresa.
La Comisión, que preside el representante penepé Juan Oscar Morales, no citó a Alcaraz Fuentes ni a representantes de Maitland a vistas públicas, como hizo con otras personas que fueron sometidas a interrogatorio, sino que le envió preguntas por correo electrónico.
Desde que se declaró un estado de emergencia por COVID en marzo, la compra de pruebas y de equipo médico para atender la emergencia ha estado plagada de irregularidades que involucran al Departamento de Salud, el Negociado Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Task force Médico, funcionarios de La Fortaleza y del sector privado.
Las autoridades federales investigan al Departamento de Salud por irregularidades en la contratación de las empresas en relación a la emergencia por el COVID-19 desde marzo. A principios de junio, la Junta de Control Fiscal demandó al Gobierno para que entregue documentos sobre la venta de pruebas para este virus, declarado como pandemia por la Organización Mundial de Salud el 11 de marzo y que al mes de junio había causado más de 400,000 muertes oficiales a nivel mundial y 153 en Puerto Rico.
Las contrataciones del Gobierno para lidiar con la emergencia de salud han seguido un esquema basado en usar a una empresa o individuo como frente del negocio, contactos relacionados al Partido Nuevo Progresista y con acceso privilegiado a funcionarios del Gobierno, socios en el extranjero y una serie de intermediarios que se benefician económicamente de la venta.
Este reportaje que se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede acceder la nota completa en periodismoinvestigativo.com
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