Mientras el Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad se acogieron al “Fondo Voluntario Alterno”, que concede a los partidos y su candidato a la gobernación hasta $1 millón en dinero público para el financiamiento de la campaña eleccionaria, la Oficina del Contralor Electoral se mantiene a la espera de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) le notifique qué mecanismo utilizará de cara al 3 de noviembre.
El contralor electoral, Walter Vélez, dijo a Metro que, aunque extraoficialmente le había llegado información de que el PNP y su candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, se acogerían al “Fondo Especial para Gastos de Campaña”, en el que el gobierno parea cada dólar recaudado hasta un máximo de $5 millones, ayer le indicaron que todavía no se había tomado una decisión final.
Vélez señaló que este ciclo electoral será el primero en que el PPD se acoge al Fondo Alterno. Bajo este modelo, el partido y su candidato a la gobernación reciben $4 en fondos públicos por cada dólar que aportan. Es decir, que para recibir el tope de $1 millón gubernamental deben recaudarse unos $250,000.
Las leyes en Puerto Rico no imponen límites a los recaudos de campaña que pueda generar un partido o candidato de cara a un proceso eleccionario. Sin embargo, la Ley 222-2011 sí dispone que ningún candidato o partido que se acoja a alguno de los dos modelos de financiamiento público podrá gastar más de $10 millones en la campaña. Cualquier inversión en exceso es penalizada con una multa cuyo monto será el triple del gasto por encima del límite de $10 millones.
Un partido que opte por recibir el Fondo Especial y recaude $5 millones, al sumar los $5 millones en dinero público, habrá generado suficiente para sufragar el tope de gastos permitidos.
La Ley 222 estipula que los partidos pueden acceder al Fondo Especial o el Fondo Alterno a partir del 1 de julio del año eleccionario. Sin embargo, no pueden beneficiarse hasta que cuentan con un candidato certificado a la gobernación, proceso que, en el caso del PNP y el PPD, no ocurrió hasta las pasadas semanas, luego de que las primarias se pospusieran de junio a agosto ante la pandemia del Covid-19.
A partir del momento en que certifican a su candidato al máximo puesto electivo, los partidos tienen 15 días para notificar a qué fondo se acogerán, por lo que el PNP deberá pronunciarse oficialmente esta semana, explicó Vélez.
Aunque tradicionalmente los dos partidos principales se han acogido al Fondo Especial, Vélez reconoció que el poco tiempo restante para las elecciones generales, así como la merma en donativos políticos, pueden haber sido los factores determinantes en la decisión del PPD de conformarse con el Fondo Alterno, al tiempo que el PNP también considera esa alternativa.
En año electoral, los partidos inscritos también tienen acceso a la llamada “Asignación Especial para Gastos Administrativos” de $400,000. Al igual que el Fondo Especial y el Fondo Alterno, esta asignación está disponible por ley desde el 1 de julio.
El Movimiento Victoria Ciudadana y Alexandra Lúgaro anunciaron en junio que renunciarían tanto al fondo de financiamiento de campañas como a la asignación de $400,000 para gastos administrativos. El candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, también declinó recibir financiamiento público, aunque tenía la opción de elegir el Fondo Especial o el Fondo Alterno.
Sin embargo, de momento se desconoce cuándo las demás colectividades y sus candidatos tendrán acceso al financiamiento público, toda vez que, según reportó El Nuevo Día el pasado jueves, el gobierno y la Junta de Control Fiscal no incluyeron esa partida en el presupuesto con cargo al fondo general certificado en julio, y al momento el organismo federal se encuentra evaluando una petición presupuestaria.
Si Pierluisi y el PNP optaran por acceder al Fondo Especial y lograran recaudar los $5 millones elegibles para pareo, el gobierno estaría en la obligación de desembolsar hasta un tope $9.6 millones durante este ciclo eleccionario, al tomar en cuenta el financiamiento de campañas y la Asignación de Gastos Administrativos. Por el contrario, si la Palma se inclinara por el Fondo Alterno, el erario público desembolsaría un máximo de $5.6 millones.
