Los mecanismos que ha utilizado la compañía New Fortress Energy (NFE) para importar gas natural a Puerto Rico desde que el 22 de mayo se inauguró el terminal que suple a dos unidades de la Central San Juan forman parte de la controversia que está bajo la consideración de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, inglés).
Como parte de una moción de intervención radicada ante la FERC por parte de una docena de organizaciones ambientalistas y sindicales, se expone que NFE importa gas natural licuado desde Estados Unidos, utilizando a Jamaica como punto de transbordo de una manera que violentaría las disposiciones de cabotaje contenidas en la Ley Jones.
En esencia, las leyes federales de cabotaje obligan a que la carga marítima transportada de un puerto estadounidense a otro utilice barcos de fabricación, bandera y tripulación estadounidense. El alegato de las organizaciones interventoras en el caso ante la FERC es que la parada en Jamaica –donde presuntamente NFE transfiere el gas natural licuado de un barco extranjero a otro– es simplemente una estratagema ilegal para evadir las normas de cabotaje.
“De las investigaciones que hicimos los grupos ambientalistas y la Utier (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) se demostró cuál es la estrategia que usa New Fortress para traer gas natural a Puerto Rico. La ley de cabotaje exige que cuando un buque se mueve entre dos cabos norteamericanos tiene que hacerlo en barcos fabricados en Estados Unidos, cuyos dueños y marinos sean americanos. Eso hace que sea la marina más cara del mundo. Lo que hace New Fortress es que en un buque extranjero recoge el gas natural en Texas, por lo que si fuera directamente a Puerto Rico estaría violando la ley de cabotaje, pero hacen una parada en Jamaica, que es un país extranjero”, sostuvo Rolando Emmanuelli, abogado de la Utier, una de las 12 entidades que presentaron la moción ante la FERC.
“Para poder venir a Puerto Rico, de la única manera es que monten el gas natural en un buque de cabotaje norteamericano o que ese producto, el gas natural, se transforme sustancialmente y se reembarque en otro buque extranjero. Ellos lo que hacen es que transbordan ese gas natural del buque original extranjero a otro buque extranjero y lo hacen figurar como si el viaje hubiera sido de Jamaica a Puerto Rico, donde no aplica la ley de cabotaje. Pero es una treta, y esa treta ya había sido regulada previamente por los Estados Unidos y es claro que es una violación”, agregó el letrado.
Según parte de la moción, “no hay evidencia de que NFE cambie la mercancía físicamente en Jamaica, mejore sus condiciones o aumente su valor de manera alguna”.
La moción de las organizaciones puertorriqueñas fue radicada ante la FERC el pasado 30 de julio, como parte del proceso en que la agencia estadounidense le ordenó a NFE evidenciar por qué no estaba en la obligación de solicitar autorización al gobierno federal para establecer el terminal de gas natural en la bahía de San Juan, desde donde suple el producto a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan.
En el documento radicado se puntualiza que la marina mercante de Estados Unidos no cuenta con un solo buque autorizado para transportar gas natural licuado, pese a que NFE ha expresado su intención de suplir a sus clientes, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con gas licuado producido en sus propias instalaciones en el país norteamericano, lo cual, bajo las leyes de cabotaje, complicaría su transporte a Puerto Rico.
“Hay una serie de ‘filings’ (radicaciones) que se tienen que hacer en este tipo de industria. El señalamiento que hicimos en nuestras radicaciones en el FERC (es producto de) que se le está siguiendo la pista a esta operación. Esos permisos se dieron sin ningún tipo de cuidado por las comunidades que circundan el área y son bien militantes en la protección de los derechos ambientales de Cataño, que es bien vulnerable porque está rodeado de industrias contaminantes. Hay equipos de abogados y entidades que siguen estos desarrollos y ahí se generó este conocimiento y se hizo el planteamiento en el FERC”, puntualizó Emmanuelli.
Las potenciales violaciones de NFE en la ejecución de su contrato de suplido de gas natural a la AEE por cinco años, y a un costo de $1,500 millones, fueron reportadas inicialmente la semana pasada por el medio especializado estadounidense The Capitol Forum.
AEE niega violaciones de NFE
El gerente de proyectos de la AEE, Fernando Padilla, aseguró que los medios para que NFE importe el gas natural a la isla, “están estipulados en el contrato de suministro de gas natural al terminal de San Juan. Lo que se estipula es que tiene que satisfacer todas las condiciones, autorizaciones y leyes aplicables para poder entregar gas natural a Puerto Rico. Eso incluye regulación estatal, federal y marítima internacional”.
Aunque sectores gubernamentales y empresariales de Puerto Rico han solicitado en los pasados años al ejecutivo y legislativo federal que se exima la importación de gas natural de las leyes de cabotaje, ninguna de las ramas ha tomado acción en esa dirección.
Padilla sostuvo que el contrato de suplido no especifica si NFE debe importar gas desde los Estados Unidos o algún país extranjero. Sin embargo, debido al “precio que nos están dando debe ser de afuera de Estados Unidos. (Es más bajo) considerablemente”, dijo el funcionario.
Aunque en entrevista con este medio Padilla inicialmente respondió en la afirmativa al preguntársele si la AEE tenía conocimiento del origen y los métodos de transporte del gas natural que suple NFE, más adelante admitió que no podía confirmar o negar si la compañía obtenía el gas en Texas o algún otro estado de los Estados Unidos.
“A nuestro conocimiento no, pero eso es (una pregunta) para New Fortress. De dónde ellos suministran el gas, de dónde traen la molécula, no puedo contestarte categóricamente de dónde lo traen. Está bajo las condiciones del contrato. Nosotros estamos en cumplimento con el contrato. La entrega y suministros de gas natural, en este caso, está en cumplimiento con el contrato vigente en estas partes”, insistió el gerente de operaciones.
¿La AEE se ha cerciorado de forma independiente de que NFE cumple con las regulaciones aplicables?, le preguntó Metro a Padilla.
“Para eso están las entidades regulatorias. Nosotros negociamos los contratos, negociamos el lenguaje, lo que viene siendo la ley entre las partes. Bajo ese contrato y todos los procesos de permisología a través de la EPA (Agencia federal de Protección Ambiental), que es el único permiso que nos corresponde a nosotros, y los demás permisos que se le otorgaron a (NFE), pues bajo eso es que estamos regulando la entrega y suministros de gas natural”, respondió Padilla.
Emmanuelli, por su parte, se mostró preocupado por el impacto que una decisión de la FERC adversa para NFE podría tener sobre la AEE y el bolsillo de sus clientes.
“A mí lo que me preocupa es que ese plato roto lo venga a pagar la Autoridad, porque NFE podría estar obligada a traer el gas natural en buques de cabotaje y eso incrementaría el costo. Si incrementa el costo le saldría más caro a Puerto Rico el gas natural y, por ende, los supuestos ahorros que proyectaban, que era una maravilla y que iba a bajar la factura, no se darían”, expresó el abogado de la Utier.
No obstante, Padilla aseguró que la AEE no se expone a riesgo alguno en caso de que se encontrara a NFE en violación de las normativas federales.
“Ninguno. Si ellos entraran en algún tipo de violación, y no voy a entrar en especulación, porque no tengo algo concreto, el contrato tiene remedios para solucionar cualquier tipo de ‘breach’ (violación) que hubiese. Ya el contrato tiene remedios bajo eso y otras condiciones. En este momento la Autoridad no está en ningún tipo de riesgo para dejar de recibir gas natural”, manifestó Padilla.
