La única respuesta para evitar a futuro ajustes tarifarios, como el reciente aumento de 0.8 centavos por kilovatio hora que aprobó el Negociado de Energía para los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), radica en el cumplimiento de los objetivos de uso de fuentes renovables, como dispone la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019) aprobada en el 2019, expresó la secretaria de la Gobernación, Noelia García.
Esa ley dispone que, tan pronto como en 2025, el país deberá producir al menos el 40% de su electricidad a base de fuentes de energía renovable, como el sol o el viento.
“La única solución para no estar atados a un riesgo de aumento de combustible es migrar a energía renovable. Tenemos que migrar a energía renovable para tener estabilidad”, sostuvo la secretaria de la Gobernación, al recordar que la rama ejecutiva no puede intervenir en las decisiones del Negociado de Energía, ente creado precisamente para actuar independientemente de la AEE y los elementos políticos.
García reconoció que las metas establecidas en la Ley 17-2019 son sumamente agresivas, considerando que, al momento de aprobarse el estatuto, las fuentes de energía renovable producían entre 2% y 4% de la electricidad que se consumía en el país.
“Esa ley se firmó en 2019, que no contempló terremotos ni pandemia. Pero tenemos que perseguirla. Cualquier jurisdicción debe, responsablemente, integrar metas que persigan la energía renovable para bajar riesgos y asegurarse que no haya cambios abruptos (en el costo de consumo)”, planteó García, al preguntársele si consideraba razonable cumplir con ese primer objetivo establecido para el 2025.
Tan pronto como este año, además, deberá completarse la transición de la AEE a manos de la conglomerado Luma Energy, que operará la transmisión y distribución de la red eléctrica. Asimismo, la Ley 120-2018 contempla que las plantas de generación también sean cedidas o vendidas a manos privadas, si bien al momento no existe un panorama claro a esos efectos.
Por otro lado, la secretaria de la Gobernación defendió los aumentos anuales de cinco centavos que se aplican a la mayoría de las estaciones de peaje ubicados en las carreteras administradas por la empresa Metropistas como parte de una alianza público privada (APP).
“De lo que la gente está cansada es que haya aumentos y no puedan recibir nada a cambio, que no pueda ver mantenimiento. La P3 (APP) de las autopistas funcionó y las autopistas hoy están en un mejor estado. Hay hasta seguridad, tú te quedas (varado) en la autopista y va un carrito. Yo creo que eso es lo que tenemos que perseguir, que el costo tenga un servicio justo como intercambio”, manifestó García.
Otro de los aumentos periódicos en utilidades corresponde al servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que, en el caso de los clientes residenciales, asciende a 2.5% anual. El plan fiscal de esa corporación pública dicta un nuevo aumento cada 1 de julio.
