Waleska Mariani López está tratando de ayudar hace dos semanas a cuatro adultos mayores que están encamados en el barrio Sonadora y en el pueblo de Aguas Buenas para que sean vacunados contra el COVID-19. Llevan meses anotados en la lista del Departamento de Salud (DS) y nadie los ha llamado.
“Yo no sé qué mecanismos utiliza el Gobierno o cuáles son sus órdenes de prioridad porque para la vacunación normal, hay muchos proveedores, muchos lugares, pero la de encamados no se menciona”, expresó Mariani López. Se supone que la tarea de atender estos casos está a cargo de DS desde enero.
Una de las encamadas que espera por la vacuna es Guillermina Escribano, de 89 años, quien fue anotada por su hijo, José Colorado, en la lista del DS y del Colegio de Médicos Cirujanos desde que se anunció la vacunación para personas de más de 75 años el 10 de enero. La única comunicación que han recibido del DS fue un correo electrónico enviado el 2 de marzo para indicarles que habían recibido la solicitud y que la estarían considerando.
La hermana y cuidadora de Guillermina, Lidia, de 86 años, también fue anotada desde ese momento y también sigue en espera.
En el barrio Rincón de Cayey, una pareja de 79 y 75 años se apuntaron en la lista de espera del hospital de área de Cayey hace un mes. “Ni rastro, ni señal de respuesta” han recibido.
Su situación es una muestra de la desventaja en la que están muchos adultos mayores de 65 por no manejar la tecnología, o estar en una zona rural, o faltos de transportación, a veces solos y encamados, o simplemente porque confían en que al ponerse en una lista de espera alguien los va a llamar, según les han prometido.
En contraste, la Guardia Nacional ha vacunado fuera de fase a empleados de servicios administrativos y contratistas, además de otros empleados públicos que no están en exposición directa al virus ni son primeros respondedores.
Por ejemplo, durante los días 14 y 15 de enero, la Guardia Nacional (GN) vacunó a 44 empleados y a contratistas que prestan servicios administrativos a la GN, luego de haber sido convocados por correo electrónico para la “gran oportunidad” de recibir la primera dosis de la vacuna, según consta en documentos revisados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En ese momento solo se debían vacunar profesionales de la salud y primeros respondedores, según las fases establecidas por el DS.
En el correo electrónico les informan sobre el acceso “VIP” que tendrían en el Coliseo Pedrín Zorrilla en Hato Rey, a una sección a la que se accedía por la entrada principal del Estadio Hiram Bithorn, donde personal de seguridad los estaría esperando con unas listas donde debían aparecer sus nombres.
En una de las listas a las que tuvo acceso el CPI, figuran 44 empleados y contratistas identificados con sus nombres y el departamento en el que laboran, entre ellos “Administración”, “Finanzas”, “IT”, y “PRSG” (Puerto Rico State Guard). Otras ocho personas fueron identificadas como “FEMA”. Sin embargo, al menos tres empleados de los que fueron identificados como “FEMA” son realmente contratistas de la GN, corroboró el CPI.
Estos contratistas tienen o han tenido acuerdos con la GN que aparecen bajo su nombre o el de sus compañías, según verificó el CPI en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.
Además de los 44 empleados y contratistas de la GN que aparecían en la lista, al menos otras ocho personas fueron vacunadas por la GN, entre ellas dos contratistas y amigos del general José Reyes.
De acuerdo a los documentos revisados por el CPI, el 15 de enero también fueron vacunados empleados públicos de la alta gerencia de la Administración de Servicios Generales (ASG). La GN también vacunó a tres contratistas del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
El designado secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo al ser abordado por el CPI sobre la vacunación “VIP” que esta no es una acción correcta.
“Emití una orden [administrativa] específica, posterior a eso, porque había una cantidad de quejas, y yo lo he dicho y no tengo porqué decirte lo contrario. Había una queja de que no se estaba siguiendo el orden de la vacunación y este servidor emitió esa orden. De ahí en adelante es que nosotros tenemos la capacidad y la fuerza para nosotros poder investigar y multar a las personas que se hayan vacunado posterior a eso, porque emitimos esa orden y después emitimos otra orden de que persona que violara esos podría llevar una multa hasta de de $5 mil”, expresó.
La orden administrativa emitida por Carlos Mellado el 2 de febrero fue para vacunar exclusivamente a la población de 65 años o más por cuatro semanas, y la orden del 3 de febrero fue para multar a los proveedores que incumplan con esta orden y a los que se vacunen fuera de fase.
¿Y qué pasa cuando el propio Gobierno está incumpliendo?, cuestionó el CPI.
“Son cosas que yo me entero posterior y no había ninguna orden referente a esto. Acuérdate que yo entré en enero y el proceso de vacunación yo lo cogí desde el 15 de diciembre, del cuatrienio anterior. Si eso sucedió, pues yo te diría que está mal, que no es correcto, no es adecuado y que si ocurre después de haber emitido esa orden específica, pues yo te diría que los multaría a todos”, respondió Mellado.
La Guardia Nacional reaccionó al cuestionamiento del CPI sobre la vacunación de los 44 empleados, contratistas y allegados a la agencia. “Durante el mes de enero se expandió la vacunación a la Fase 1B, la cual incluye primeros respondedores y empleados de servicios esenciales para la respuesta de emergencia de la Guardia Nacional contra el COVID-19. El personal de apoyo administrativo y de logística de la Guardia Nacional de Puerto Rico ha estado trabajando presencialmente junto a nuestros ciudadanos-soldados al frente de la Pandemia desde sus comienzos en marzo de 2020, realizando compras de equipo de protección personal, procesamiento y pago de nómina y otras funciones esenciales que requieren contacto personal y directo con empleados y suplidores. Además, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos aprobó la vacunación de su personal civil, lo cual incluye a empleados civiles y contratistas de las Guardias Nacionales a través de la Nación”.
La agencia no respondió si algunos de los vacunados son amigos del general Reyes ni sobre la vacunación de empleados públicos de otras agencias del Gobierno.
Una fuente del CPI, dijo que la vacunación a empleados civiles y contratistas no aplica a los empleados de Servicios Administrativos y a los contratistas de la GN que fueron vacunados, ya que estos son empleados del Gobierno de Puerto Rico y no de Estados Unidos, al igual que los contratistas, quienes firman sus contratos en la Isla. Dijo, además, que para estas personas se usaron las vacunas que proveyó el Departamento de la Defensa para vacunar a los militares y que estos comenzaron a ser vacunados a mediados de febrero luego de las vacunaciones a los empleados administrativos de la GN.
“La escasez de vacunas amerita el establecimiento de prioridad en la vacunación para proteger a las personas más vulnerables y personal esencial para enfrentar la pandemia de COVID-19”, reza el documento.
El lunes, en entrevista con el CPI, Mellado volvió a recalcar que debido a la escasez de vacunas debían respetarse las fases establecidas y dar prioridad a la gente que tiene mayor riesgo de muerte.
Ese mismo día, la empresa Rovira invitó a todos sus empleados a vacunarse, según trascendió en las redes sociales.
Vacunan a familiares de médicos
Según información obtenida por el CPI, desde temprano en el proceso, varios hospitales en Puerto Rico tuvieron listas para vacunar a los familiares de médicos que trabajan en las instituciones, incluyendo esposas e hijos. Durante semanas, entre diciembre y febrero, los vacunaron saltándose las fases de prioridad establecidas por el DS y dejando desprovistos a profesionales de la salud, personas mayores de 65 años y a primeros respondedores que aún no habían sido vacunados.
Jaime Plá, presidente de la Asociación de Hospitales, dijo que escuchó que esta situación en los hospitales podía estar pasando, pero que no cuenta con los datos específicos que muestren en qué hospitales tuvieron las listas y vacunaron a familiares de médicos.
Sin embargo, dijo que está pendiente a la situación y que le ha recalcado a los hospitales bajo su matrícula “que hay que mantener el orden”.
“Yo le he mandado cartas a los hospitales diciéndoles que tienen que mantener el estricto orden que se ha establecido”, aseguró.
Uno de estos hospitales es el Manatí Medical Center (MMC). Idelfonso Vargas, director ejecutivo del MMC, reconoció al CPI que estuvieron vacunando a familiares inmediatos de los médicos y del resto del personal que trabaja en la institución. Dijo que tuvieron una “dispensa” de parte de un empleado del DS que identificó como Jesús Alvarado, que hasta principios de febrero le permitía estas vacunaciones. La solicitud de la dispensa se hizo al DS luego de que todo el personal hospitalario se vacunó y con el fin de que los empleados del hospital no tuvieran que faltar y se sintieran tranquilos de que sus familiares estarían bien mientras ellos trabajaban, dijo Vargas. Alvarado es coordinador del Programa de Vacunas para Niños del DS.
El designado Secretario de Salud dijo desconocer quién es Alvarado, y aseguró que el DS, específicamente él y la doctora Iris Cardona, directora del Programa de Vacunación, no han dado dispensas para vacunar familiares de empleados.
El MMC es el proveedor que más menores de edad habría vacunado, según el Registro de Vacunación del DS, con 25 casos: 14 de 16 años y 11 de 17 años. Pero hay otros 45 proveedores que habrían vacunado a un centenar de menores de 16 y 17 años en momentos en que solo estaba permitido vacunar a profesionales de la salud y adultos mayores, y había escasez de la vacuna.
Según las fases establecidas por el DS, la vacunación de las personas de 16 años o más sin condiciones de salud se daría en la fase dos, la que incluye al resto de la población y aún no tiene fecha estimada de comienzo. Las vacunaciones de menores de 17 ocurrieron entre las fechas del 16 de diciembre y el 5 de febrero, cuando el protocolo del Gobierno establecía que debían estar vacunados todos los profesionales de la salud, adultos mayores, los primeros respondedores y las personas con impedimentos, entre otros.
El DS dijo inicialmente que los menores que aparecen en el Registro como vacunados pertenecen a su Programa de Discapacidad Intelectual, quienes fueron vacunados en colaboración con el Colegio de Enfermería tras una orden judicial.
Sin embargo, los datos del Registro demuestran que esto no fue así porque la mayoría de los menores fueron vacunados por otros proveedores privados y solo dos por el Colegio. Además, estas vacunaciones se dieron antes del 19 de enero, fecha en que comenzó la inoculación del Programa de Discapacidad Intelectual.
La presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, Ana García Cintrón, dijo que no lo podía asegurar, pero que era posible que los dos menores que aparecen en el Registro como vacunados por el Colegio sean participantes del Programa de Discapacidad Intelectual.
“Todo lo que nosotros vacunamos fue autorizado por Salud”, señaló García Cintrón.
En el Colegio, según indicó, además de los enfermeros y enfermeras, estuvieron vacunando, además, a otras personas, incluyendo a adultos mayores. Esta población, según dijo, ha llegado “llorando” al Colegio de Enfermería, por lo que se lo comunicó a Salud, y la agencia le dio el visto bueno para vacunarlos mientras seguían vacunando al personal de enfermería.
García Cintrón aseguró que no han vacunado a los familiares de los enfermeros y las enfermeras.
Posteriormente, Salud cambió la versión y dijo que entre esos menores podía haber estudiantes de profesiones relacionadas a la salud que estaban haciendo su práctica clínica o próximos a comenzarla, y empleados de Instalaciones de Cuidado a Largo Plazo que podrían estar dentro del grupo de 17 años.
Sin embargo, el CPI tiene conocimiento de casos en los que, al igual que en el Manatí Medical Center se vacunó a familiares y allegados de las entidades que están autorizadas para vacunar. También obtuvo testimonios de que esto ha ocurrido en otros grupos de edad y de bajo riesgo, como lo son jóvenes universitarios mayores de 18 años y adultos de 30, 40 y 50 años.
El lunes, Mellado volvió a cambiar la versión y dijo que se están vacunando personas con discapacidad intelectual y con Síndrome Down pero mayores de 18 años.
“Yo tendría que verificar esa información porque el CDC establece que tienen que ser pacientes mayores de 18 años. Habría que ver si hay alguna consideración del médico que lo vacunó por alguna condición específica”, dijo. En una conferencia de prensa hace cuatro semanas, el CPI le planteó el mismo problema, y el Secretario dio la misma respuesta, pero nunca informó de los resultados de la alegada investigación que haría.
A mediados de febrero, Salud le pidió a MMC que dejaran de vacunar a los familiares de sus empleados y que las vacunaciones fueran solo para las personas mayores de 65 años, indicó el director ejecutivo del hospital.
El segundo proveedor que más menores habría vacunado es el propio Gobierno a través de la Guardia Nacional, con 19. La GN no quiso dar explicación sobre estas vacunaciones porque dijeron tener instrucciones de que todo lo relacionado al proceso de vacunación tiene que ser contestado por el DS. Otras instituciones gubernamentales que habrían vacunado menores son el Recinto de Ciencias Médicas, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, el Hospital Pediátrico Universitario y el Hospital Federico Trillas de Carolina. Todas estas instituciones públicas juntas vacunaron 11 menores.
El doctor Miguel Sosa, presidente de Best Health Group, también reconoció haber vacunado a menores de 16 y 17 años porque “estaba permitido”. Dijo que a uno de estos menores lo conoce y que es el mensajero de una oficina.
“En el momento en que eso pasó no había la orden de los 65 en adelante y yo estaba autorizado a vacunar a 16 [años] o más”, dijo.
Aseguró que por directriz del DS ahora solo vacuna a mayores de 65 años.
Myriam Aguilú, directora de Comunicaciones Corporativas del Sistema de Salud Menonita, aceptó al CPI que tras una solicitud al DS, habían llevado a cabo una vacunación para familiares de sus empleados, pero que solo fue para los de 65 años o más. La inoculación se llevó a cabo del 8 al 12 de febrero en el Hospital Menonita de Caguas, según indicó.
Según el Registro de Vacunación del DS, el Sistema Menonita vacunó 13 menores de 16 y 17 años entre enero y principios de febrero. Menonita también vacunó a 28 jóvenes de 18 y 19 años, solo dos de ellos durante la fase de vacunación de los profesionales de la salud. Los demás fueron vacunados a finales de diciembre y enero, y recibieron casi todos su segunda dosis, según el Registro.
Aguilú reconoció la vacunación de estos menores y dijo que se trató de “una excepción” durante la fase de vacunación de los profesionales de la salud y cuando no existían listas de espera.
“Sin embargo, al concluir la jornada del día hubo sobrantes de vacunas y se determinó no desecharlas, por el contrario, se procedió a administrarlas siguiendo las guías y recomendaciones del CDC para la vacuna de Pfizer, que permite que se administre a personas de 16 años en adelante. Una vez se establecieron las listas de espera, no se han hecho excepciones a la misma, siguiendo las guías establecidas por el Departamento de Salud”, aseguró.
Al ser cuestionada sobre cómo se seleccionaron a estos menores, Aguilú explicó “que al conocer que había un sobrante de vacunas se notificó al personal que estaba de turno para que identificaran candidatos que pudieran responder inmediatamente, ya que de no haber personas para vacunación, tendrían que ser decomisadas”.
Reiteró que “para el Sistema de Salud Menonita no es una opción decomisar sobrante de vacunas en medio de la emergencia salubrista que atravesamos”.
Esta ha sido la misma justificación que han usado otros proveedores y el Secretario de Salud para avalar irregularidades en las fases de vacunación pese a que en la isla grande de Puerto Rico ningún pueblo queda a más de tres horas de distancia, las vacunas duran seis horas, y hay largas listas de espera de donde elegir.
Por otro lado, Aguilú dijo que una de las vacunas administradas a un menor en el Hospital Menonita de Aibonito es la vacuna contra la meningitis (Meningococo), que erradamente se entró en el sistema de información de COVID-19.
El Colegio de Médicos Cirujanos, al ser abordado por el CPI sobre menores que aparecían en la base de datos como vacunados por la entidad, también aludió a un error de entrada de datos. En el caso del Colegio, se trató de dos casos de jóvenes de 16 años que habían sido vacunados contra la influenza y no contra el COVID-19.
Los Hospitales HIMA San Pablo, por su parte, rechazaron contestar la pregunta de si han vacunado familiares de su personal. Se limitaron a decir que la información personal de los vacunados es confidencial. El CPI no le requirió ningún tipo de información personal o médica de las personas vacunadas.
Por otro lado, el sistema de hospitales Metro Pavía no respondió al CPI si habían vacunado familiares de sus médicos y empleados. La institución tampoco ofreció una reacción para los tres menores de 17 años que aparecen en el Registro como vacunados en sus hospitales.
En total, 19 hospitales, 20 IPAs y otros proveedores y una farmacia, la Farmacia Lechuga en Hatillo, habrían vacunado adolescentes de 16 y 17 años. Otros hospitales como el Ashford en Condado, el San Carlos Borromeo en Moca y San Lucas en Ponce vacunaron a miembros de sus juntas de directores, a pesar de estas no tener contacto directo con pacientes, según informaron tres fuentes al CPI.
Jefrey Martínez, de la Oficina de Mercadeo del Ashford, dijo que no podían ofrecer información de pacientes por la ley HIPAA, aunque no se le solicitó información médica de ningún paciente, y que el hospital se encuentra vacunando de acuerdo a la establecido en las fases 1a y 1b. El CPI intentó contactar al San Carlos Borromeo y a San Lucas, pero nadie respondió.
Hasta el martes, habían llegado 1,120,330 dosis, y de esas, se han puesto 440,452 de la primera dosis y 262,938 de las segundas dosis, según el nuevo panel de datos del DS.
Mientras tanto, Emilio Rosado, de 72 años y residente del municipio de Aguas Buenas, no ha recibido la vacuna. Rosado contó al CPI que desde febrero fue anotado en una lista por un enfermero que trabaja en el centro de envejecientes al que acudía durante el día con su esposa Lydia Román, de 73 años, quien tampoco ha recibido la vacuna al día de hoy. Ella estaba a la espera de que sobrara alguna vacuna en la farmacia Walgreens, pero al cierre de esta edición, eso no había ocurrido.
El acceso a la vacuna para los adultos mayores fue cuesta arriba desde un principio, ya que los proveedores que inicialmente los estarían vacunando les tomaban la información para luego llamarlos porque no tenían suficientes dosis para suplir la demanda. Otros intentaban sacar citas a través de la cadena de farmacias Walgreens, pero se toparon con que la única forma de hacerlo era a través de la página de internet de esa cadena, y los que lograban acceder, no conseguían citas. Cuando la GN comenzó a vacunar en sus centros la confusión surgió porque la gente no sabía dónde anotarse. Luego el DS explicó que los estarían llamando usando la base de datos del programa federal de seguro de salud que contiene la información de todos los adultos mayores.
Ahora, el DS tiene un portal donde la gente puede anotarse para ser vacunada en los VacuTours de la agencia a través de https://turnos.yoquierolavacuna.com/ PR.
Datos de Salud muestran más irregularidades
El Registro de Vacunación del DS también reveló que 148 personas residentes del exterior se vacunaron en Puerto Rico entre diciembre y febrero. Además, hay casi 10,000 vacunados en los cuales se dejó la ciudad de residencia en blanco, por lo que es imposible saber su lugar de origen.
Entre las ciudades de Estados Unidos con más residentes vacunados en Puerto Rico está Austin, Texas, con 14 personas, la mayoría entre los 28 a los 60 años de edad. Estos fueron vacunados en su mayoría por la Guardia Nacional.
Luego, le siguió Miami, Florida, con ocho personas entre los 27 a los 46 años. También, seis personas de Orlando, Florida, entre las edades de 35 a 76 años, recibieron en Puerto Rico la primera dosis de la vacuna.
Otras ciudades del exterior con vacunados en Puerto Rico son Homestead, Florida, con tres personas, y Stanford, California, también con tres. Además, según los datos, se habrían vacunado cuatro personas de Purchase, Nueva York, y cuatro del Bronx, en el mismo estado.
En el caso de Purchase, la quinta ciudad más rica de Estados Unidos, figuran como vacunadas por la GN tres personas: una de 19, otra de 20 y una de 52 años.
En el Registro también figuran personas de estados como Minnesota, Georgia, Nueva Jersey, y Connecticut. Sin embargo, el mayor número de vacunados es de ciudades de los estados de Florida y Texas.
También, en ese momento, se habría vacunado una persona residente de la isla de San Tomás y otra de Santa Cruz.
El designado Secretario de Salud dijo que él no ha autorizado la práctica de vacunar personas del exterior.
“Ninguna persona que venga de afuera, turistas, se pueden vacunar. No, no es correcto”, sostuvo, pero no explicó por qué aparecen más de 100 personas vacunadas que no tienen domicilio en la Isla.
Los proveedores, quienes son los encargados de entrar los datos al sistema de Salud, dejaron 9,930 casos sin colocar la ciudad donde vive la persona vacunada. De hecho, la base de datos entregada por Salud es hasta el 23 de febrero, pero la misma se encuentra incompleta, según explicó Lisdián Acevedo, portavoz de prensa del DS. Por esa razón, dijo, la agencia recién comenzó a reclutar 300 personas para la entrada de datos al sistema.
En enero hubo un descuadre en el inventario de vacunas que ocasionó que siete mil pacientes se quedaran sin sus segundas dosis. En febrero fue dada a conocer la situación, y entre las explicaciones que ofreció Mellado para el desfase, dijo que le habían llegado mensajes de personas que se habían puesto la primera dosis en Estados Unidos, pero que se encontraban en ese momento en Puerto Rico y no sabían qué hacer.
“Hay que buscarle la vacuna, pero eso también disloca el sistema”, sostuvo, al reconocer que avaló la práctica de suministrarles la segunda dosis de la vacuna aunque no vivían en Puerto Rico.
Sin embargo, los datos apuntan a que no solo fueron segundas dosis, sino que hubo personas que residen afuera que obtuvieron sus dos dosis en la Isla mientras los residentes locales hacían largas filas para obtener la suya.
Del análisis de los datos también se desprenden inoculaciones a personas fuera de fase con justificaciones cuestionables, como por ejemplo, una mujer de 55 que aparece como “publicista” y fue vacunada para la GN el 22 de febrero en plena orden administrativa que limitaba la vacunación a mayores de 65 años y una mujer embarazada cuya ginecóloga le recomendó vacunarse.
Asimismo, se desprende que en la cárcel de Ponce se vacunó masivamente al personal, incluso al que no tiene contacto directo con los confinados, como oficinistas y plomeros. Para el 6 de enero se habían vacunado 942 confinados entre la cárcel de Ponce y Bayamón, mientras que se habían vacunado 3,574 empleados de Corrección, según información presentada por la representante Mariana Nogales durante una vista de interpelación al Secretario de Salud. Después de este interrogatorio surgió un brote en la cárcel Ponce y Mellado procedió a vacunar masivamente a los confinados. En el sistema carcelario hay 7,000 confinados, según trascendió en la vista.
Múltiples fallas en el Registro de Vacunación
El CPI hizo un proceso de limpieza de la base de datos del Registro de Vacunación entregada por Salud tras una demanda de acceso a la información, ya que se identificaron decenas de errores, como por ejemplo, que para un centenar de casos la fecha de nacimiento del paciente y la fecha de administración de la vacuna era la misma. Otro error identificado es que al menos 58 casos tenían una fecha de nacimiento que no correspondía con la edad que aparece en la columna de edad.
La agencia reconoció al CPI que aparecen infantes y niños en el Registro, pero dijo que se debe a un error al entrar los datos y a las “decodificaciones” del sistema. De hecho, indicó que solicitó la corrección de estos problemas.
“Se le ha solicitado a los proveedores corregir las mismas, ya que el mayor problema identificado fue la inversión de fechas de nacimiento con [fechas de] vacunación”, expresó la agencia. Hace tres semanas, la agencia presentó un nuevo panel de datos sobre COVID-19 que incluye información sobre la vacunación que es distinta a la que entregó al CPI como resultado de la demanda.
Aunque todavía no se han corregido los datos oficialmente, Salud aseguró que en su investigación no había identificado ningún menor de 16 años vacunado. La investigación surgió luego de que el CPI le preguntará a la agencia por qué aparecían menores de 0 a 15 años inoculados cuando las vacunas contra el COVID-19 no están aprobadas para estas edades.
Aún al CPI corregir el error mencionado por Salud de las columnas con información invertida, todavía quedan 14 menores con edades 0 a los 15 años registrados como que fueron vacunados. El CPI pidió a Salud que explicara estos casos, pero no ha recibido respuesta en un mes.
Proveedores contactados por el CPI, quienes aparecían en el Registro con menores de estas edades vacunados, entre ellos el Colegio de Médicos Cirujanos, Premier Health Screening y Best Health Group, aseguraron que se trataba de un error en la entrada de datos.
Manatí Medical Center también aparecía con un menor de 15 años vacunado en el Registro. Vargas, director ejecutivo de MMC, inicialmente dijo que este sí había sido vacunado luego de consultar con la infectóloga del hospital y con un documento del CDC. Luego, en una llamada posterior, indicó que no había encontrado el documento de esta vacunación, y al día siguiente aseguró que, luego de verificar, se percató de que era un error en la entrada de datos y que fue corregido, y que se había confundido.
El DS aseguró que ha orientado a todos sus proveedores sobre las edades a las que se les autoriza la vacuna. “De encontrar en los reportes e informes algún caso sobre un menor, se procede a investigar como error en administración de vacuna como se realiza con todas las vacunas que suministramos. Se debe reportar como error de administración y se reporta a VAERS”. VAERS es un programa a nivel de EE UU de vigilancia y seguridad de las vacunas dirigido por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA en inglés).
Mientras muchos han podido vacunarse contra el COVID-19 de forma rápida y saltándose las fases de vacunación por estar conectados, otros como Alberto Velázquez Rivera, de 57 años y quien tiene daño cerebral como consecuencia de una enfermedad que sufrió cuando niño y no habla ni camina, no ha sido vacunado aun cuando su familia lo anotó en la lista del DS hace meses.
Laura Moscoso estuvo a cargo del análisis de datos para esta historia
