El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez informó el martes, la radicación de una demanda en el tribunal federal en el que busca frenar el financiamiento de la consulta de cabilderos de la estadidad.
“Vamos a estar radicando una demanda a nivel federal contra el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y contra la Junta de Control Fiscal (JCF) en la sala de la jueza Laura Taylor Swain en Puerto Rico”, dijo Hernández Montañez en videoconferencia de prensa.
“Es un planteamiento estrictamente desde el punto de vista de política pública fiscal de asuntos de separación de poderes y el diseño de los presupuestos. No solamente los presupuestos futuros, sino también a cambios en los presupuestos corrientes”, añadió.
Recordó que el pronunciamiento de la Cámara de Representantes en enero de 2021 fue no financiar en aquel momento los 6.6 millones de dólares bajo la Ley 165 y 167 aprobados por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) después de las elecciones.
Además, el 8 de febrero en una reunión de la JCF, se dio una solicitud para asignar los 6.6 millones de dólares, pero recibió un incumplimiento a PROMESA por la entidad federal.
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“Bien importante este elemento porque el presidente de la Junta de Control Fiscal está estableciendo que esta asignación, desde el punto de vista de evaluación, no se podía evaluar desde el punto de vista de estatus. De nuevo, es una asignación más. Y que no cumplía de forma con la sección de la Ley PROMESA que establece que no se puede intervenir en los asuntos de estatus. Y es bien importante porque la Junta está diciéndole en este planteamiento es que esto está atendiendo solamente a un sector. No está atendiendo un proceso inclusivo, vinculante”, dijo el presidente cameral.
Mencionó que posteriormente el gobernador reduce de 6.6 millones de dólares a 1.8 millones para dicha consulta.
“El propio gobierno está reconociendo con este acto el que se necesitaba a probación por la asamblea legislativa porque lo incluye dentro del proceso administrativo en la Junta. En la Junta nos remite la solicitud de la AAFAF, el PNP nunca radicó la solicitud, nosotros la radicamos y el 7 de abril, la resolución es atendida en la Comisión de Hacienda por el compañero Jesús Santa en un Markup Session (Vista de Consideración Final) y es derrotada. Ahí muestra la visión de la asamblea legislativa en cuanto a la reasignación de dinero”, dijo.
“Aquí es que está la contradicción. Después de haber culminado el proceso funcional, estructural, como dispone la ley federal, la Junta hace una expresión sobre no va a retar la asignación directa del ejecutivo a través de los estatutos estatales y ahí tenemos la contradicción que hay de determinaciones previas y finales, cuando ya había culminado de forma como cualquier otra asignación y había sido rechazada por la asamblea legislativa. Esa es la razón principal que ahora vamos a dirimir en los tribunales el choque y la contradicción que hay entre las dos determinaciones de la JCF, las aspiraciones del ejecutivo en el punto de vista de política pública y la posición nuestra”, dijo Hernández Montañez.
“No es un proceso de autodeterminación y no hay relación entre lo que se expresó en noviembre pasado, lo que se está aspirando en este proceso de la ley 165 y 167 y el cabildeo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico de otra consulta”, culminó.
