El representante popular Luis Raúl Torres emplazó al gobernador Pedro Pierluisi y la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) a conceder 30 días a Luma Energy para que corrija las deficiencias que presuntamente los colocan en incumplimiento de contrato y, en caso de persistir los problemas, cancelar el acuerdo de operación y mantenimiento de la red eléctrica.
“Nos están robando en la cara del pueblo de Puerto Rico. Ya es hora que el gobernador Pedro Pierluisi le pida al licenciado Fermín Fontanes Gómez (director de la AAPP), al ingeniero Ralph Kreil Rivera (presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, AEE) y al ingeniero Efran Paredes (director ejecutivo de la AEE) que ejecuten su responsabilidad de hacer los señalamientos de incumplimiento que tiene Luma Energy. Que se le dé un plazo no mayor de 30 días para corregir esta situación y, de no hacerlo, que se cancele ese contrato leonino que lo que está haciendo es daño al pueblo de Puerto Rico”, subrayó Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara baja.
Según Torres, en diversas comparecencias públicas, incluyendo ante la comisión que preside, Luma Energy ha ofrecido representaciones distintas sobre la cantidad de trabajadores con los que cuenta para operar no solamente la transmisión y distribución de energía, sino el Centro de Operaciones en Monacillos, el servicio al cliente, la facturación, las oficinas comerciales y la compra de combustible y suministros.
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El legislador señaló que en la sección 2.3 del acuerdo suplementario que rige la relación entre Luma Energy y la AAPP hasta la conclusión del proceso de quiebra de la AEE se disponían siete condiciones para que el consorcio comenzara a administrar la red eléctrica. Entre ellas, el inciso (c) estipula que “la cantidad de empleados del dueño (AEE) y otros empleados necesarios para que el operador (Luma) desempeñe los servicios del periodo interino deberán haber aceptado ofertas para comenzar su empleo”, detalle con el que Torres considera la empresa ha incumplido.
Torres resaltó que Wayne Stensby, principal oficial ejecutivo de Luma Energy, declaró en marzo, durante una vista pública de la comisión, que la compañía estimaba que necesitaría unos 3,800 empleados, incluyendo 800 celadores, de línea para ejecutar sus funciones efectivamente. Sin embargo, el pasado 18 de junio, en una misiva a Fontanes Gómez, de la que remitió copia a la comisión cameral, Stensby sostuvo que Luma Energy tenía en nómina a 2,200 trabajadores, entre ellos “1,600 trabajadores de campo”.
El legislador cuestionó que Stensby, en la carta, no detallara la cifra de celadores de línea, más allá de incluirlos en un desglose de 440 trabajadores de línea de “diferentes categorías”. Asimismo, Torres denunció que, de los 1,600 trabajadores, 800 son subcontratistas que se encargan de las labores de control de vegetación, mantenimiento y construcción.
La subcontratación, dijo Torres, representa un “gasto doble” para el gobierno.
Torres puntualizó que, por la duración del acuerdo suplementario, Luma Energy recibirá una compensación fija de $115 millones anuales, una cifra significativamente superior a los entre $70 y $90 millones que debe recibir bajo los primeros tres años del contrato de operación y mantenimiento. De acuerdo con el representante, el periodo de 15 años por el que Luma Energy operaría la red eléctrica no comenzaría a contarse hasta que se ponga fin al acuerdo suplementario, es decir, cuando concluya el proceso de Título III de la AEE.
“Luma se está fututeando $115 millones por el acuerdo suplementario, y ya le han pagado $163 millones durante el año que ha estado montando su negocio, y a la vez ellos están subcontratando las brigadas a empresas privadas, que es un gasto doble para la autoridad. De acuerdo al contrato que ellos tienen con la autoridad, todo gasto en que incurra Luma Energy se le reembolsa por ‘pass-through’ en el contrato. Todo contrato que ellos hacen se le paga”, censuró el legislador.
Torres adelantó que, durante la sesión legislativa de esta tarde, presentaría una moción para que la secretaría de la Cámara de Representantes exigiera a la AAPP el informe anual que, bajo la Ley 29-2009, la entidad debe remitir al ejecutivo y la Asamblea Legislativa sobre “el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento por los Contratantes con los Contratos de Alianza vigentes, así como un plan de trabajo para la supervisión del año subsiguiente”.
El representante Jorge Rivera Segarra acompañó a Torres durante la conferencia de prensa y aseguró que en los municipios de su distrito –Adjuntas, Jayuya, Lares, Utuado– las tardanzas de Luma Energy han contrastado con la respuesta que brindaba la AEE a las averías.
“Hace 21 días esto no sucedía con la AEE. Es la realidad. Esta falta de servicio constante no estaba sucediendo en nuestro país, y más en la montaña. En la montaña es más difícil llevar el servicio eléctrico”, dijo el legislador, quien sostuvo que en los cuatro pueblos que representa abunda la población encamada, pero que en semanas recientes han vivido situaciones como los cuatro días que el hospital de la comunidad Castañer, en Lares, estuvo sin servicio eléctrico.
“Si esto continúa, va a costar vidas y eso es lo que queremos evitar”, puntualizó Rivera Segarra.
De acuerdo con Torres, la Cámara baja estará aprobando la Resolución 446, que le brindará a la comisión que preside la responsabilidad de fiscalizar continuamente la ejecución del contrato de Luma Energy.
