A cinco años de la entrada en vigor de la Ley Promesa, han sido pocos los logros que ha alcanzado dicha legislación que busca resolver la crisis financiera del país.
Así se desprende de un análisis publicado hoy por el Centro para la Nueva Economía (CNE) en el que examinaron las medidas que por los pasados cinco años ha impulsado la Junta Control Fiscal (JCF), ente creado en virtud de la Ley Promesa para reestructurar la deuda del país ante el Tribunal Federal.
“Cinco años después, aproximadamente 2/3 de la deuda en bonos no se ha reestructurado; no se han aprobado proyectos críticos para el desarrollo económico; los estados financieros auditados todavía tienen tres años de atraso; el cambio a presupuestos sobre una base de contabilidad de acumulación (o devengo) modificada es un trabajo en proceso; y el presupuesto del gobierno todavía está desequilibrado”, reza el informe preparado por Deepak Lamba Nieves, director de Investigación del CNE; Sergio Marxuach, director de Política Pública de la entidad y Rosanna Torres, directora de la oficina en Washington, DC. La ley Promesa fue aprobada en 2016 por el Congreso de Estados Unidos. Por medio de dicha legislación se creó la JCF la cual representa al gobierno de Puerto Rico en el proceso judicial de reestructuración de la deuda —también conocido como Título III— en el que busca reducir el monto de la deuda pública del país que asciende a $72,000 millones. “Además, la insistencia de la JSAF en recortes de gastos en vez de la eliminación de exenciones fiscales, ha generado una ansiedad e incertidumbre indebidas entre la población y puede haber dañado permanentemente instituciones importantes para el desarrollo económico de Puerto Rico, como la Universidad de Puerto Rico. Por lo tanto, como dijimos en 2016, los costos económicos, políticos y sociales asociados con el experimento colonial PROMESA han sido extremadamente altos y explícitos, mientras que los beneficios que pudimos haber derivado de él han sido pequeños y la mayoría siguen siendo bastante inciertos y contingentes”, lee el informe del CNE. El grupo, sin embargo, reconoció que la legislación federal ha permitido que el gobierno se beneficie de una suspensión de los litigios en su contra y la moratoria en el pago de la deuda. Asimismo, según la organización, la ley Promesa “ha proporcionado cierto control, transparencia y visibilidad sobre los gastos gubernamentales”. El grupo reseñó que el ente fiscal ha indicado que la Junta se irá del país luego de concluya el proceso de reestructuración del deuda, que el gobierno local tenga acceso a los mercados capitales a intereses razonables y que, por cuatro años consecutivos, el gobierno elabore presupuestos balanceados. De acuerdo con la entidad, la propia Junta ha mencionado que, de 19 renglones para culminar con el mandato de la ley Promesa, 13 de estas medidas aún permanecen en rojo, lo que significa que no ha comenzado su implementación. Las restantes seis medidas fueron calificadas por el ente fiscal bajo la etiqueta amarilla de \’algún progreso\’. “Según el Plan Fiscal para el Estado Libre Asociado más reciente, “ya se ha completado la reestructuración de más de un tercio de la deuda pendiente, por un total de $27,000 millones, se han anunciado acuerdos de apoyo al plan por $35,000 millones en reclamaciones y más de $50,000 millones en obligaciones de pensiones”. Por lo tanto, después de cinco años ha habido algunos avances en este frente, lentamente, pero se ha avanzado algo”, reza el informe. Sin embargo, indicaron que para que Puerto Rico pueda acceder a los mercados capitales tienen que estar al día en los estados financieros auditados. “Cinco años después, la JSAF informa que “el Gobierno de Puerto Rico aún tiene que producir un Informe Financiero Anual Completo (“IFAC”) para los años fiscales 2018-2020”. En términos sencillos, esto significa que Puerto Rico aún tiene que publicar los estados financieros auditados de los últimos tres años fiscales. En este tema, por tanto, el avance ha sido nulo”, señala el informe. Por otro lado, el grupo recomendó que Puerto Rico dé un paso adelante para comenzar reformas que ya están retrasadas para restaurar la credibilidad, mejorar la gobernabilidad, implementar efectivamente medidas de rendición de cuentas y transparencia, y promover una mayor participación cívica.
