Al tiempo que las delegaciones senatoriales del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) se encuentran reunidos o realizarán sus respectivos caucus para discutir el futuro del proyecto sobre el Plan de Ajuste de Deuda (PAD), múltiples organizaciones volvieron a manifestarse a las afueras del Capitolio en repudio a la medida.
En momentos en que no existen los votos suficientes para dar paso en el Senado al Proyecto de la Cámara (PC) 1003, el presidente del cuerpo, José Luis Dalmau, citó a la delegación popular a un caucus en su oficina a la 1:00 p.m.
Aunque los 12 senadores populares aprobaron el proyecto con enmiendas hace dos semanas, varios han expresado dudas sobre la medida desde que se circuló en la noche del martes el informe del comité de conferencia, que ya fue avalado en la Cámara de Representantes.
En tanto, los senadores del PNP fueron convocados a una reunión en La Fortaleza. El gobernador Pedro Pierluisi ha apoyado el lenguaje contenido en la versión más reciente del PC 1003, que incluyó cambios impulsados por la Junta de Control Fiscal (JCF) acerca de la protección de las pensiones que opositores a la pieza aseguran abren la puerta a recortes futuros a ese sector.
Al igual que otros senadores novoprogresistas, el portavoz, Thomas Rivera Schatz, ha señalado que es inaceptable el lenguaje del informe de conferencia.
“El Senado no cuenta con los votos para darle paso a la medida”, indicó a las afueras del Capitolio Eva Ayala, de la organización magisterial Educamos.
Mercedes Martínez, de la Federación de Maestros, puntualizó que el mes pasado sobre 11,000 maestros activos derrotaron la propuesta del PAD que había negociado la JCF con la Asociación de Maestros.
“Hemos estado aquí todos los compañeros y compañeras todos los días, todos los grupos que estamos aquí cabildeando, llamando, enviando mensajes por email, por Twitter, los maestros protestando desde sus escuelas. Hoy continúa lo que hemos venido haciendo desde hace tres semanas […] Si hoy no tienen los votos es gracias a todos los que estamos aquí, a todos los que han estado todas estas semanas que han logrado llevar el mensaje de cuán nefasto es este proyecto”, subrayó la líder magisterial.
Se esperaba que desde temprano en la tarde comenzaran a llegar a los predios del Capitolio grupos de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sistema que actualmente tiene a siete de sus 11 recintos en paro a modo de protesta contra el PC 1003.
En el caso de la UPR, la JCF se habría comprometido a autorizar asignaciones anuales de $500 millones hasta el año fiscales 2027, cifra que grupos docentes, no docentes y estudiantiles plantean es insuficiente para cubrir las operaciones de la institución.
“Se le miente descaradamente al país cuando se dice que este proyecto le da estabilidad económica a la UPR, es todo lo contrario. Los 11 recintos de la UPR no pueden operar adecuadamente con un presupuesto fijo de $500 millones, eso mantendría a la UPR en una situación fiscal muy precaria, provocando cierres de recintos, pérdida de programas académicos y acreditaciones, aumentos adicionales en costos de matrícula y peores condiciones de trabajo para los trabajadores y trabajadoras universitarias, entre otros”, sostuvo Jannell Santana Andino, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR.
En caso de las pensiones, las organizaciones objetan el lenguaje enmendado que impulsó la JCF, por entender que eliminó las garantías que condicionaban el intercambio de bonos contenido en el PC 1003.
“Si el próximo plan fiscal dice que no se pueden pagar las pensiones, se les puede recortar las pensiones a los jubilados sin tener que ir al tribunal ni a la Legislatura. También significa que pueden recortar y congelar las pensiones de los activos usando la misma estrategia del plan fiscal. Se le está entregando un cheque en blanco a la JCF”, subrayó Emilio Nieves, de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación y portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones.
El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, ha argumentado que cualquier cambio futuro en el sistema de pensiones, como una transición de un modelo de pensión definida a contribución definida, requeriría acción legislativa.
