Del CPI.
A la salida de la Escuela Santiago Veve Calzada, en Fajardo, una estudiante de noveno grado camina junto a su madre. Es mediodía y hay cambio de turnos para las tres escuelas que operan en este plantel en interlocking. La joven tomó la prueba diagnóstica Línea Base, que busca medir el rezago académico de los estudiantes. Cuando se le pregunta por el proceso, la joven simplemente comienza a mover la cabeza, como diciendo que no. La madre le pide que hable y describa la experiencia.
“Un revolú”, exclama, y pide que no se le identifique. La madre interviene y dice que fueron “como tres días” de pruebas, pero que en realidad “fue todo como a la prisa”. La estudiante reconoce que se limitó a completarlas sin darle mucha importancia.
Otro estudiante camina por la acera frente a la escuela y se une a la conversación junto a su mamá. Cursa el octavo grado.
“Yo no me acuerdo de la [prueba] de inglés. Yo creo que no cogí esa”, dice riéndose. “Pero yo las hice normal, rápido, olvídate de eso”, asegura. Él también se limitó a salir de las pruebas rápido o sencillamente no le dio mucho pensamiento al asunto. “Es que estar sentado en la computadora todo ese tiempo…”, dice con actitud de chamaquito juguetón.
Y es que estas pruebas Línea Base que mencionan los estudiantes son parte de un plan para la recuperación académica tras las interrupciones por el COVID-19, para disminuir el rezago académico que persiste entre sus estudiantes, que impulsa el secretario del Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico.
“Cambia-cambia” en el propósito de las pruebas
En febrero, bajo la administración de Elba Aponte en el DE, la agencia firmó un contrato por $10.4 millones con la compañía Pearson para administrar las pruebas META (Medición y Evaluación para la Transformación Académica de Puerto Rico). Unos 16 días antes de la firma del contrato con Pearson, el DE había solicitado una dispensa para no dar las pruebas, de acuerdo con la sección 8401 de la Ley de Educación Elemental y Secundaria de 1965, “para que el USDE (Departamento de Educación federal) autorice una exención en relación con el requisito de la Ley ESSA de administrar las pruebas estandarizadas estatales (META) y su versión alterna”.
Es decir, poco más de dos semanas antes de llegar al acuerdo millonario con Pearson, el DE informó al gobierno federal que no podía cumplir con la administración de las pruebas META dentro del año escolar 2020-2021, “debido a las emergencias enfrentadas y las consecuencias de estas, incluyendo la necesidad de garantizar la seguridad a los estudiantes”, según lee la comunicación oficial. Aunque por segundo año consecutivo las META no se administraron en las escuelas públicas, el contrato con Pearson se mantuvo en pie durante el periodo acordado: del 26 de febrero al 30 de septiembre de 2021. Para justificar la contratación, en lugar de pruebas META, se ofreció una prueba diagnóstica “para levantar datos”, según explicó el subsecretario de Asuntos Académicos y Programáticos, Guillermo López Díaz.
“Sabemos que los resultados [de las pruebas diagnósticas Línea Base] no necesariamente van a reflejar lo que los estudiantes conocen”, dijo al CPI. “Pero como tenemos ya un contrato con ellos [Pearson] y sabemos que necesitamos continuar recopilando datos sobre cómo están nuestros estudiantes, pues se utilizan esos ejercicios. Lo que hacemos es que les solicitamos utilizar la plataforma y ese análisis de resultados que producen informes bien detallados, alineados por cada estudiante y la destreza que no dominan, nosotros lo insertamos dentro del perfil del estudiante. O sea, lo que estamos haciendo es aprovechando un contrato, que no se pierdan los fondos, poder utilizarlos, hacer lo más eficiente con ellos”, explicó.
Aunque los cambios no se reflejan en el contrato disponible en el archivo digital de la Oficina del Contralor, el secretario interino, Eliezer Ramos Parés, informó que “se hicieron los ajustes necesarios para utilizar los fondos ya asignados y poder trabajar la prueba Línea Base como prueba diagnóstica”. Sí se refleja en el Contralor un nuevo contrato millonario con Pearson para que también lideren una revisión curricular que tiene como fin atemperar los estándares y expectativas de kínder a duodécimo grado, en Inglés, Matemáticas, Ciencias, Español y Estudios Sociales.
El subsecretario explicó que uno de los objetivos es levantar un perfil del estudiante, iniciativa “donde todos los maestros, trabajadores sociales, consejeros, enfermeros y directores, van a tener datos en un dashboard [panel de datos]. Van a tener datos de aspectos académicos, aspectos socio emocionales y de salud. Todos los datos que vamos recopilando en el sistema van a estar ahí a disposición del maestro, para que tomen mejores decisiones con todo el equipo académico del sistema”. Sin embargo, a poco más de un mes para el cierre del semestre, aún ese dashboard no está accesible para ninguno de los 14 maestros entrevistados por el CPI, quienes, además, aseguraron no haber recibido información sobre el manejo de este perfil en línea del estudiante.
Desde agosto de 2015, Pearson acumula $84.2 millones en contratos con el DE.
Entre 2018 y el 2020, la matrícula del DE se redujo un 15%, mientras la proficiencia en español, inglés y matemáticas que recogen las pruebas META muestran una baja en los resultados anuales de cada una de esas materias hasta el último año que se ofrecieron (2019).
Cuando se examina la tasa de graduación anual en el DE del 2018 al 2020, se observa que mejoró de 73.86 % a 78.05 %, respectivamente.
“La prueba diagnóstica Línea Base [sustitutas de las META para efectos de la última contratación y concentradas en los estudiantes de segundo a duodécimo grado] es ese primer análisis que vamos a llevar a cabo para ver cómo llegan los estudiantes”, insistió el subsecretario López Díaz. “Lo que estamos haciendo es utilizando ese esfuerzo que era para las META y traduciéndolo a una prueba diagnóstica. Todo el proceso de generar instrumentos aleatorios, el generar plataformas, los reportes de resultados, todo eso son servicios que ellos (Pearson) ofrecen en este contrato y los estamos usando para esta prueba”, asegura.
“Y utilizando ese perfil [del estudiante] nos movemos a la segunda área de enfoque que es de intervenciones académicas enfocadas en la aceleración del aprendizaje. Nosotros ya ofrecimos un adiestramiento con el apoyo de la Universidad de Puerto Rico. Ese modelo educativo lo que hace es que ayuda a identificar qué estudiante no está logrando las expectativas que tú necesitas y vas creando unos subgrupos para hacer intervenciones que profundicen”, puntualizó.
Un proceso atropellado
La ecuación que se repite en múltiples testimonios de maestras y maestros de diferentes regiones educativas entrevistados por el CPI al hablar sobre la experiencia en el proceso de administrar la prueba diagnóstica Línea Base coincide en tres puntos: desinformación, recursos incompletos y un alto grado de improvisación. Señalaron que el objetivo inicial del DE era diagnosticar el rezago en agosto, pero en octubre, todavía el proceso no había terminado. Muchos estudiantes no pudieron completar las pruebas, ya sea por ausencias, fallas en el servicio de internet en las escuelas u otras razones que atropellaron el proceso, que se realizó por medio de computadoras.
Según documentos a los que el CPI tuvo acceso, al 31 de agosto, 37 de 122 escuelas de la Región Educativa de Humacao aún no habían administrado las pruebas Línea Base a ningún estudiante. Otras solo habían sometido pruebas de algunos alumnos, mas no de un número representativo de su matrícula oficial.
Al 15 de octubre, 15,567 estudiantes de noveno grado habían tomado la prueba de español e inglés a nivel isla, según un informe resumido del DE, lo que representa un 70 % si se ajusta a la matrícula de 22,311 estudiantes en el 2021. Entretanto, 17,201 alumnos de noveno (77 %) habían hecho lo propio con la prueba de matemáticas a nivel de todo Puerto Rico.
El DE extendió el cierre de estos procesos hasta el 20 de octubre.
Hace una semana, el DE informó que los maestros deberían ofrecer una nueva prueba diagnóstica a los estudiantes entre primero y duodécimo grado del 25 de octubre y el 5 de noviembre. “Esta iniciativa propone un sistema de pruebas de las cinco materias básicas (Ciencias, Español, Estudios Sociales, Inglés y Matemáticas) alineadas a los estándares, expectativas e indicadores de cada grado que se administrarán cada 10 semanas”, lee la comunicación de la agencia.
Igna Fontánez es maestra de inglés a nivel primario en una escuela de la región de Humacao en donde se ofrecieron las pruebas Línea Base y se sometieron a tiempo.
“No teníamos el audio para la primera parte [de la prueba de inglés]”, es lo primero que recuerda la maestra. “Yo me ofrecí para leerle el material a todos los grupos”. Fontánez rotó salón por salón para leerle a los estudiantes esa parte de la prueba de inglés. Eso le tomó un día. Cuatro de cinco grupos se beneficiaron de la lectura voluntaria de la educadora, “pero uno de los grupos sometió la prueba sin esperar la lectura de esa parte del audio”, continúa. Es decir, que lo mismo contestaron los ejercicios sin escucharlos o simplemente saltaron esa parte sin realizarla. Cada estudiante contestó su prueba en línea, desde una computadora.
“Lo digital complica porque primero que nada el link que tenía la computadora estaba vencido, no funcionaba [para lograr acceso a las plataformas en línea]. Teníamos que entrar a los estudiantes por Google. Ese enlace lo habían puesto terminando el año escolar del semestre pasado. Yo tuve que entrar por el link que me enviaron por email”, recalcó. “La directora sí nos creó las cuentas a los maestros”.
Hubo muy poca orientación. “Enviaron un powerpoint, creo que eran más de 80 slides. Yo sabía que no iban a tener el audio [de la prueba de inglés], porque decían las instrucciones que hasta tercer grado iban a tener el audio. De cuarto grado en adelante, el maestro tenía que leer. Pero en la escuela no lo sabían. Tampoco teníamos el script para el audio. Eso lo buscó la directora [cuando se toparon con la situación al momento de administrar las pruebas]. Por eso tuve que ir salón por salón a leerle a los grupos”.
Fontánez cataloga el proceso como atropellado y contraproducente.
“Extendieron tanto el proceso que quitó mucho tiempo lectivo, y ahora mismo estamos bien atrasados en términos de la materia. Por lo menos yo. Para mí fue algo innecesario porque se está dando algo que ya tenemos. Ya tenemos esa información [de lo que los estudiantes dominan o no dominan] en las pruebas diagnósticas [que dan los maestros en su salón de clase al inicio del semestre]. Eso (las pruebas Línea Base) fue una prueba diagnóstica usando los ejercicios de práctica de las pruebas META. No fue nada nuevo. Lo único innovador fue que lo hicieron digital”.
La maestra insiste en que “seguían extendiendo la fecha [de cierre] y yo tenía que coger mi salón hogar y seguir repitiendo y repitiendo el proceso, dándole la prueba a los estudiantes que no la habían cogido. O sea, cogía tiempo de la clase de inglés para reponer esta prueba, porque ellos seguían extendiendo la fecha, extendiendo la fecha, enviando mensajes, que le dé la prueba a los estudiantes que no la tomaron. Todo eso mientras se suponía que tomarían la clase de inglés”.
Javier Santiago es maestro de nivel primario. Enseña Estudios Sociales en Utuado y su testimonio coincide con los señalamientos de Fontánez, la maestra de inglés de la Región de Humacao. De hecho, en la escuela de Santiago también tuvieron problemas con el audio de la prueba de inglés. La administraron “como se pudo”.
“El acceso a internet en la escuela no estaba funcionando”, dice. “Decidieron extender la fecha para poder administrar las pruebas y se ofrecieron de manera virtual a través de la plataforma Teams. Muy poca información. Los estudiantes no tenían claro el objetivo de la prueba, porque nosotros [los maestros] tampoco lo teníamos. No hubo un formato para saber qué íbamos a hacer primero. Resulta que el tiempo no dio. Se tuvo que extender. En la prueba de inglés había una parte auditiva y el audio no estaba disponible. Nos brindaron unas guías, que enviaron por correo electrónico, y unos libretos de esa parte auditiva, pero fue bien difícil coordinarlo porque habían estudiantes que estaban en una prueba de español y otros en matemática o ciencia. No podíamos controlar el que los estudiantes pasaran a la siguiente prueba por la modalidad virtual y por lo tanto creó bastante confusión”.
Según Santiago, hubo estudiantes que no tenían su boleta para contestar la prueba porque fueron matriculados a pocos días de comenzar el semestre escolar. “Esa información Pearson no la tenía”, afirma Santiago. “Esos estudiantes simplemente no tomaron las pruebas, porque no se tenía su información y no podían acceder a la plataforma”.
De acuerdo con el educador, el proceso se limitó a cumplir con la exigencia de administrar la prueba y levantar datos “que se perderán”, pues entiende que no se utilizan para beneficio del estudiante. “Esta información no es analizada, no es profundizada y no es discutida”, dijo Santiago. El semestre pasado la aplicación de la prueba Línea Base comenzó como un proyecto piloto con ciertos grados. Este año se la dieron a todos los grados. Sobre los resultados de las pruebas, el maestro mencionó: “Yo no sé si se va a rendir un informe en algún momento del semestre. Pero la realidad es que el semestre ya va por la mitad. El estudiante pierde interés y no le da sentido de pertenencia ni de pertinencia [a los procesos]. Lo que ha quedado demostrado a través del tiempo es que esto es para cumplir con algo más que no son los estudiantes”.
Ramos Parés le aseguró al CPI que “desde el principio estamos mirando cuáles fueron las destrezas del grado anterior que terminaron dominando los estudiantes”, aunque reconoció que aún no existe un informe oficial donde se especifique esa información y análisis. Sin embargo, el subsecretario de Asuntos Académicos y Programáticos, dijo que ese análisis sí se realiza a nivel central, con el fin de “determinar cómo le presentamos al maestro una herramienta que le facilite el proceso de tomar decisiones utilizando los datos”.
Los funcionarios indicaron que la elaboración de planes o herramientas para atender el rezago académico más allá de la inversión en las pruebas y el panel de datos, recaerá en cada comunidad escolar: maestros, directores y personal de apoyo.
“Hoy tenemos cerca de 700 escuelas con psicólogos escolares y otro personal de apoyo para la búsqueda de estrategias [para atender el rezago académico] junto a los directores escolares”, dijo Ramos Parés.
Desde su perspectiva como director escolar, el doctor Ricardo Guadalupe Falero, de la Escuela Rafael N. Coca, en Luquillo, reconoce que la idea de medir el rezago académico a través de las pruebas era buena. Pero destaca que el problema es “la desconexión” en términos de la comunicación y el reconocimiento de las realidades de las escuelas desde el nivel central.
“Esta es una matrícula de 285 estudiantes. Te diría que la mitad solamente pudo hacer las pruebas [al 15 de octubre]. Algunos estudiantes faltaron, otros no traían el dispositivo para conectarse y había que esperar que un compañero terminara… Muchos factores. La idea era que los datos ayudaran a levantar un perfil [del estudiante] completo. Pero no sé qué va a pasar, porque no he visto nada del perfil”, dijo el director al CPI el mismo día que el DE anunció en conferencia de prensa el lanzamiento del proyecto de Refuerzo Académico Extendido, otra iniciativa que busca “cerrar brechas de aprendizaje y aumentar el rendimiento de los estudiantes”, enfocada en el horario extendido en 795 escuelas.
El DE culpa a la pandemia por el rezago
En el marco de la continuación de la pandemia por el COVID-19, Ramos Parés, solicitó una dispensa al Departamento de Educación federal (USDE) en mayo, sobre el periodo de vigencia de los fondos otorgados para los años fiscales 2018-2019 y 2019-2020. A pesar de que el DE recibió acceso a los fondos 2019-2020 en marzo, el Secretario interino informó a la agencia federal que “no ha sido posible, ni será posible obligar los fondos de manera oportuna”. La fecha límite para usar los fondos era el 30 de septiembre, y Ramos Parés solicitó “un periodo adicional, hasta el 30 de septiembre de 2022, para obligar los fondos de los años fiscales antes mencionados”.
“De manera preliminar, sí existen planes para cada uno de los programas de fondos que están sometidos ahí. Hay un equipo de trabajo trabajando con la organización de un plan financiero a cinco años para el Departamento. Ahora, queremos que el dinero que tiene el Departamento responda al plan estratégico. Estamos recogiendo todo lo que son planes por programa para mirar a largo plazo, mirar la vida de estos fondos dentro de los próximos cinco años, tener un solo plan financiero y que igualmente ese plan financiero, al igual que el plan estratégico, tenga sus métricas”, sostuvo el Secretario en la conferencia de prensa celebrada en el Centro de Convenciones, en Miramar. “Tal y como le he dicho a mi personal. Este plan estratégico es básicamente la ruta y el mapa que nosotros vamos a seguir. Tiene el tema de reconstrucción en nuestras escuelas, el tema de infraestructura, tiene el tema de la reorganización en términos de lo que es la estructura operacional del Departamento para responder de manera ágil a nuestra escuela. Y tiene el tema trascendental y lo que le da vida al Departamento, que es el tema académico y cómo nosotros lo vamos a estar atendiendo”, añadió.
De acuerdo con Ramos Parés, el cierre de escuelas, como consecuencia de la crisis salubrista y los terremotos, es “la explicación más básica” para justificar por qué el DE no ha maximizado recursos económicos que han tenido disponibles por los pasados años. “No estuvimos en las escuelas, así que obviamente el gasto del sistema se redujo significativamente, porque aún cuando el sistema sí respondió en términos de la creatividad, de cómo dar ese servicio, realmente no hubo el mismo gasto”, sostuvo. Ramos Parés entiende que eso explica la cantidad de proyectos o iniciativas que se mantienen en espera o que en muchos proyectos no se haya utilizado la totalidad de fondos disponibles.
“Ejemplo de esto son los propios fondos de 21st Century. La verdad es que muchos de estos proyectos se interrumpieron con la pandemia. Igualmente, el tema de los terremotos, pues tuvo ese impacto, así que esa es la base para haber solicitado [más tiempo para poder cumplir con las iniciativas]”, justificó Ramos Parés. “De ahora en adelante” y “gracias a los datos”, la atención del rezago será diferente, aseguró.
