El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el periodista Hermes Ayala Guzmán presentaron un recurso de revisión al Tribunal de Primera Instancia para que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) entreguen la información sobre el corte, la poda y el trasplante de árboles que han venido solicitando, sin éxito, desde abril de este año, informó hoy la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
A su vez, la organización presentó un mandamus contra el Departamento de Salud porque desde julio de este año el periodista Rafael Díaz Torres del CPI ha solicitado a esa agencia y a su secretario información y documentos sobre la preparación ante la temporada de huracanes que todavía no se ha producido.
En específico, el CPI y Ayala Guzmán reclaman la entrega de cualquier documento que utilicen para evaluar las solicitudes de permisos para corte, poda y trasplante de árboles; una relación de los permisos concedidos y de las querellas recibidas, desde el año 2005 en el caso de DRNA y desde el año 2010 en el caso de OGPe, relacionadas al corte, poda y trasplante de árboles; copia de cualquier acuerdo colaborativo, incluyendo con municipios, para este tipo de actividades; una relación de los empleados que ha tenido el DRNA desde el año fiscal 2005 y del gasto en nómina; entre otros documentos.
Ayala Guzmán, que fue becado por el Instituto de Formación Periodística del CPI para realizar una investigación sobre este tema, señaló que solicitó la información objeto del recurso legal desde el 23 de abril de este año, en el caso del DRNA, y desde el 19 de mayo de este año, en el caso de la OGPe.
Por su parte, Díaz Torres solicitó a Salud el protocolo para proveer al público información epidemiológica actualizada en un evento de emergencia; los números de emergencia para pacientes con condiciones crónicas de salud; las salas de emergencia con sillas de diálisis y nefrólogos; medidas de transporte de emergencia para pacientes con condiciones crónicas; los datos recopilados por el registro voluntario de personas con necesidades funcionales, sin información personal; el plan de energización prioritaria para centro de salud durante emergencia; el plan de desalojo para pacientes en contexto de emergencia para hospitales y municipios; la lista de refugios con áreas acondicionadas para pacientes de diálisis; el protocolo para autorización de tratamientos y medicamentos sin autorización del plan médico en periodos de emergencia; el proceso para el despacho adelantado de medicamentos en periodos de emergencia; el Plan para el Manejo de Pacientes de Diálisis en Periodos de Emergencias; el Registro de Pacientes Renales en Puerto Rico, sin información personal; la lista de almacenes de alimentos y suministros para la población general en periodos de emergencias; el protocolo para suplir alimentos a pacientes renales en periodos de emergencias.
“A esta fecha seguimos sin respuesta alguna del Departamento de Salud a las peticiones hechas. Estamos hablando de información que debió estar disponible durante la temporada de huracanes que ya termina. Esta sería la tercera demanda a Salud este año. El problema con esa agencia es tan grave que muchas veces no atienden llamadas, mensajes de texto ni correos electrónicos. Eso nos obliga a llegar nuevamente al tribunal”, reclamó Carla Minet.
El CPI destaca en los recursos legales que el derecho de acceso a la información pública surge de los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de asociación que consagran la Constitución de Puerto Rico, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública o Ley 141-2019.
“Toda la información solicitada es pública y de alto interés público”, subrayó Carla Minet. Recordó que estas gestiones ante el tribunal buscan proteger el derecho del pueblo de Puerto Rico a tener acceso a la información pública, a estar informado de manera oportuna y a participar de manera adecuada en la discusión pública, que debe ser la norma de una sociedad que aspira a ser democrática.
La información solicitada en los recursos legales no está cobijada bajo ningún privilegio, disposición de ley o reclamo de confidencialidad que impida su divulgación, añadió.
El CPI, Ayala Guzmán y Díaz Torres son representados por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, sus abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt, y el estudiante de derecho Gleniel Valentín Colón.
