Una jueza federal de Miami accedió el miércoles al pedido de un sospechoso clave en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, y postergó por al menos 30 días sus audiencias.
El empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar enfrenta dos acusaciones: asociación ilícita para cometer un asesinato o matar fuera de Estados Unidos, y suministrar apoyo material que resultó en muerte, sabiendo que esa ayuda sería utilizada para preparar o realizar una conspiración para matar o secuestrar.
En una breve audiencia en la que por primera vez se presentó en persona en los tribunales desde que llegó a Estados Unidos el 19 de enero, Jaar respondió que sí, en inglés, cuando la jueza Lisette Reid le preguntó si había hablado con su abogado del pedido de postergar las audiencias por 30 días. Respondió también que sí cuando la magistrada le preguntó si entendía lo que estaba haciendo y si estaba de acuerdo.
Tras un breve interrogatorio que incluyó preguntas sobre su edad, nombre, y educación, Reid aceptó la solicitud. La fiscalía no se opuso.
La decisión de Reid significa que Jaar tendrá más tiempo para presentar su declaración de culpabilidad o inocencia, y le dará más tiempo a los fiscales para que muestren evidencias que sustenten las acusaciones. Podría también permitirle a ambas partes llegar a un rápido acuerdo, algo que los acusados suelen hacer para ver reducidas sus condenas a cambio de cooperar con la investigación.
Moïse, de 53 años, fue asesinado el 7 de julio, cuando un grupo de personas desconocidas irrumpió en su residencia privada en Puerto Príncipe.
Otra jueza había fijado la audiencia del martes como una oportunidad para que Jaar, de 49 años, pudiera pedir su libertad bajo fianza. Pero la fiscalía había adelantado su oposición alegando antecedentes criminales del empresario, y el abogado defensor no mencionó el tema en la audiencia.
Jaar, quien dijo haber estudiado administración de negocios y economía, permanece detenido en una prisión del centro de Miami, con derecho a visita de su abogado Joaquín Padilla. Se trata de un defensor público que le asignó una jueza tras determinar que no tenía recursos para pagar uno privado.
Debido a la cuarentena de 14 días que tiene que cumplir Jaar por la pandemia, Padilla aún no ha podido reunirse en persona con él en la cárcel. Por ahora sólo han hablado por teléfono, pero el martes el abogado se acercó a conversar con su cliente en persona minutos antes de que comenzara la audiencia.
El empresario fue detenido en República Dominicana y según las autoridades estadounidenses aceptó voluntariamente ser trasladado a Miami para ser juzgado.
Es el segundo extranjero que llega para enfrentar acusaciones relacionadas con el asesinato de Moïse. A comienzos de enero arribó el exsoldado colombiano Mario Antonio Palacios Palacios y fue acusado con idénticos cargos.
La próxima audiencia había sido programada para el 3 de febrero, pero la jueza aceptó postergarla y deberá ahora fijar una nueva fecha. No la reveló en la audiencia.
Jaar llegó a la audiencia esposado y con grilletes en sus tobillos. Vestía uniforme de pantalón y camisola beiges de presidiario, y cubrebocas. Por la pandemia de coronavirus, sólo un puñado de personas estaban presentes, entre ellas su abogado, la fiscal Andrea Goldbarg, la jueza y sus asistentes, y un par de periodistas.
De acuerdo con las acusaciones, Jaar y un grupo de colombianos y haitianos-estadounidenses participaron en un operativo para secuestrar o matar al presidente de Haití. Los cargos alegan que Jaar estuvo presente cuando otro de los participantes en la conspiración que no ha sido identificado, obtuvo la firma de un exjuez haitiano en un pedido escrito de asistencia para arrestar a Moïse.
Aunque al principio el objetivo era secuestrar al presidente, terminó cambiando para matarlo, según las acusaciones. El documento señala que varios de los conspiradores ingresaron a la casa de Moïse para asesinarlo, y así lo hicieron.
Los cargos indican asimismo que Jaar fue responsable de suministrar armas a los colombianos para que hicieran el operativo, y que varios de ellos permanecieron en una casa que él controlaba.
El gobierno de Haití ha arrestado a más de 40 personas por su presunta participación en el asesinato, entre ellas 18 exsoldados colombianos. El gobierno de Colombia alega que fueron engañados.