La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó al gobierno de Puerto Rico que no se implemente la Ley 111 del 2023 que incluye en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo” a los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, para disponer que puedan acogerse al retiro con 55 años de edad y 30 años de servicio.
Además, el ente creado bajo la Ley federal PROMESA advierte que hay otros proyectos de ley con la misma intención legislativa para los trabajadores sociales del Departamento de la Familia, los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y para los alguaciles del Poder Judicial que no deben aprobarse por su impacto presupuestario.
Sobre la Ley 111, la JSF estimó que tendría un impacto fiscal de sobre $3 mil millones en los próximos 20 años.
“La Junta de Supervisión entiende que la ley es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico y el presupuesto estatal, ya que aumentará los cargos Pay-Go y los beneficios de pensión pagados, en violación del Plan de Ajuste del Estado Libre Asociado”, lee la carta del director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.
Se señala en la misiva que previamente habían expresado su preocupación sobre la medida en el año 2022 al senador Juan Zaragoza Gómez.
“La Ley no indica cómo pagará el Gobierno el costo de sus beneficios adicionales. Además, la Ley no parece considerar que los nuevos jubilados puedan resultar en mayores pagos de pensiones o cómo cualquier ahorro de nómina proporcionado por la Ley afectaría la necesidad de nuevas contrataciones para garantizar que Puerto Rico tenga suficientes técnicos de emergencias médicas”, indica la carta. Además, se establece que el gobierno no ha cumplido con el requisito de un estudio económico sobre la medida.
“Actualmente, la Legislatura también está considerando agregar agentes del NIE, trabajadores sociales del Departamento de Familia y alguaciles judiciales a la categoría de “servidores públicos de alto riesgo” establecida en la Ley 447. En la medida en que las preocupaciones de la Junta de Supervisión con respecto a la Ley 111 sean aplicables a estos y proyectos de ley similares, alentamos a la Legislatura y al Gobernador a abstenerse de aprobarlos”, advirtieron.
Se apercibe al Gobierno a no implementar la Ley 111 hasta que la JSF acuerde que la Ley puede implementarse alineada al Plan Fiscal, el presupuesto y el Plan de Ajuste.
Reacciona la Unión General de Trabajadores
El expresidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán reaccionó esta tarde a la decisión de la Junta de Control Fiscal de detener la Ley 111 de 2023, que incluye en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo” a los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico.
“La negativa de la Junta de detener esta Ley constituye evidencia acumulativa de la insensibilidad de este organismo federal ante la realidad de la clase trabajadora del país. Bajo dicha legislación los Técnicos de Emergencias Médicas podrán acogerse al retiro con 55 años de edad y 30 años de servicio. Esta disposición le hace justicia a un grupo de empleados que llevan a cabo su trabajo bajo altos niveles de presión ante la urgencia de salvar vidas en situaciones donde las condiciones de trabajo suelen ser críticas en la mayoría de las ocasiones. A lo anterior debe sumarse el hecho de los riesgos que enfrenta el personal al trasladarse al lugar del incidente enfrentando condiciones hostiles de tránsito y la necesidad de hacerlo en un tiempo adecuado”, explicó.
El líder gremial detalló que este personal se enfrenta a jornadas de trabajo extenuantes con turnos de 12 horas.
“Este grupo de respondedores muchas veces tiene que doblar el turno ante la ausencia de personal suficiente para atender la demanda en las estaciones distribuidas por toda la Isla. A todo lo anterior se suma la precariedad salarial del personal y la resistencia de la Junta a que se les haga justicia a través de la negociación colectiva pretendiendo imponer, con la arbitrariedad que la caracteriza, sus desequilibrados Planes de Clasificación y Retribución”, enfatizó.
El líder sindical también hizo un llamado a la legislatura y al Gobernador a defender la Ley 111 de 2023 y a todas aquellas medidas que puedan aportar a aliviar las condiciones de vida y trabajo de unos servidores públicos que, en su inmensa mayoría, llevan más de una década sin ver un alivio real en sus condiciones de vida y salario.
