El candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez, manifestó su rechazo a la intención de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de demandar al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) por la publicación de un reportaje donde se reveló que en el Registro Electoral se encuentran nombres de personas fallecidas, y que incluso aparecen como votantes en elecciones del 2016 y 2020.
“Como candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, me opongo a la posibilidad de una demanda de la #CEE contra el Centro de Periodismo Investigativo (#CPI). La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para fortalecer nuestro sistema electoral. En lugar de intentar silenciar a los medios, debemos prestar atención a las denuncias presentadas y trabajar en conjunto para corregir las debilidades de cara a las próximas elecciones”, leen las expresiones del candidato a la gobernación.
“Los periodistas juegan un rol crucial en nuestra democracia y las denuncias sobre irregularidades en el registro electoral deben ser atendidas con seriedad, no con represalias legales. La actitud de la CEE debería ser de colaboración y transparencia, no de intimidación. Respaldamos al Centro de Periodismo Investigativo y su labor de informar al pueblo”, añade.
Más temprano, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) catalogó como “cuestionables y preocupantes” las expresiones de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, quien amenazó con demandar al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) por un reportaje donde se revela que dentro del registro electoral existen nombres de personas fallecidas que incluso fueron reflejados como votantes en las elecciones del 2016 y 2020.
A través de declaraciones escritas, la ASPPRO rechazó lo que describieron como un “intento de censura” contra la prensa, en momentos en que se ha cuestionado a nivel local y federal el desempeño de la CEE. Del mismo modo, exigieron a la presidenta alterna que desista de si intención de “amordazar e intimidar” a periodistas en su labor de fiscalización.
“Rechazamos este intento de mordaza de la presidenta alterna de la CEE y jueza Jessika Padilla Rivera, Los periodistas no vamos a bajar la guardia, no nos vamos amedrentar, continuaremos con nuestra función informativa y fiscalizadora con los más altos valores que guían el ejercicio de nuestra profesión para que nuestro pueblo tenga toda la información, sin tapujos”, expresó la presidenta de la ASPPRO, Nydia Bauzá.
En sus expresiones, la organización que representa al gremio periodístico cuestionó que el pasado 18 de abril, la presidenta alterna no tomó acción cuando la ASPPRO y el Overseas Press Club exigieron explicaciones luego de que el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, hiciera públicas las transacciones privadas del Registro de Electores de un periodista, un fiscal y otros dos ciudadanos.
“Ahora que el CPI, en su función de mantener informado al país, en medio de denuncias de fraude electoral, la presidenta de la comisión reclama confidencialidad de la información y la emprenden contra el CPI en su deber de llevar la verdad al pueblo puertorriqueño”, leen las expresiones.
CEE evalúa demanda contra el CPI por reportaje donde se revela fallecidos en registro electoral
La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE), Jessika D. Padilla Rivera, dijo en la noche del miércoles que no descarta la posibilidad de incoar una acción legal en contra del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), por el reportaje publicado sobre el registro electoral.
Según Padilla Rivera, la demanda seria por “haber tenido acceso a información confidencial y privilegiada de ciudadanos que obra en el Registro General de Electores”.
“La Comisión Estatal de Elecciones está llamada a proteger la información de los electores en Puerto Rico, razón por la cual, tal como afirman en el reportaje, la CEE no autorizó y mucho menos compartió el documento. Claramente, el Artículo 3.6 (4) del Código Electoral de Puerto Rico establece que “Los documentos de inscripción serán considerados privados, confidenciales y solamente podrán solicitar copia de estos el Elector inscrito, los Comisionados Electorales, la Comisión y sus organismos oficiales o cualquier tribunal con competencia en el desempeño de sus funciones, cuando se trate de asuntos de naturaleza específicamente electoral o la configuración de las listas de candidatos a miembros de jurado en procesos judiciales”, dijo Padilla Rivera en declaraciones escritas.
“Ante esto, es razonable concluir que el resultado de la búsqueda que dio paso al reportaje periodístico es cuestionable, toda vez que, reiteramos, el acceso al Registro se distancia, a todas luces, de las prohibiciones contenidas en la Ley 58 del 2020″, añadió.
Padilla Rivera se reafirmó en la veracidad de la información compartida con el medio, en entrevista el pasado jueves, “acerca de la cantidad de expedientes de ciudadanos fallecidos, en ese momento poco más de 16 mil, sobre los cuales la Comisión se encontraba trabajando a los fines de excluir a los que, en efecto, se tratara de electores fallecidos”.
“De hecho, actualmente, producto de los esfuerzos que se realizan a esos fines, la cantidad de expedientes se redujo a poco más de 13,500, cifra que continúa reduciéndose gracias a la labor de los empleados que tienen a cargo dicha tarea y a los acuerdos colaborativos alcanzados para hacer de los trabajos unos más eficaces y seguros”, concluyó.
