El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, emitió el viernes pasado un memorando con instrucciones para que todas las agencias proveen visibilidad de las gestiones que hacen abogados y cabilderos ante ellas, incluyendo nombre de los clientes y asuntos que pretender atender en cada reunión.
El Memorando Núm. OSG-2025-001 básicamente establece un registro de cabilderos en el Ejecutivo. El documento delinea rigurosas normativas para los contratistas y cabilderos que interactúan con las entidades gubernamentales. Se detalla que la instrucción se alinea con el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.
Entre las medidas más destacadas, se encuentra la obligación de registro de cabilderos ante el Departamento de Justicia. Además, prohíbe la contratación de servicios profesionales o consultivos con personas que también realicen actividades de cabildeo en la misma entidad gubernamental. Aquellos contratistas que incumplan serán sujetos a la cancelación inmediata de sus contratos.
“En muchas ocasiones, estos mismos contratistas son contratados por personas o entidades privadas para adelantar o impulsar intereses o provectos
particulares ante las propias entidades de la Rama Ejecutiva a las cuales brindan servicios por contrato. Es decir, ese mismo contratista al cual el Gobierno le está pagando para realizar unas funciones en pro del bienestar general puede estar representando y adelantando intereses privados que, aunque legítimos, bien podrían estar razonablemente en pugna con el interés público. Ese nivel de acceso a las entidades de la Rama Ejecutiva les brinda un cierto grado de injerencia en la gestión gubernamental que podría no compaginar con los intereses públicos e inclinarse a favor de los intereses privados para los cuales se le haya contratado para cabildear”, lee el documento.
El memorando también insta a las entidades gubernamentales a designar funcionarios responsables para supervisar y garantizar el cumplimiento del Código de Ética para contratistas contemplado en el Código Anticorrupción.
Se indica que las disposiciones buscan erradicar posibles conflictos de interés, asegurar procesos más transparentes y fortalecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Según el secretario de la Gobernación, estas medidas son “indispensables para garantizar que los intereses privados no interfieran con el bienestar público”.
El documento, de diez páginas, entró en vigor de manera inmediata.
Esta acción ejecutiva del secretario de la Gobernación se da a la par que en el proceso legislativo avanza una medida de la gobernadora, Jenniffer González, para crear mediante ley el Registro de Cabilderos. La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada el Proyecto de la Cámara 42, que crea la “Ley del Registro de Cabilderos y Entidades que Realizan Gestiones Relacionadas al Cabildeo y sus Representantes del Gobierno de Puerto Rico”, a fin de establecer la política pública sobre el ejercicio de cabildeo ante todas las ramas del Gobierno de Puerto Rico. La medida ahora pasa al Senado desde donde su presidente, Thomas Rivera Schatz ha sido crítico de lo que ha llamado “cabilderos raros”.
