El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó ayer al Gobierno de Puerto Rico para que haga públicos todos los planes de implementación e informes de progreso que ha sometido hasta el momento a la Junta de Control Fiscal.
Los planes de implementación detallan cada una de las medidas que deben realizar las agencias y corporaciones públicas para cumplir con los planes fiscales, tales como consolidaciones, recortes en nómina y reducción en gastos operacionales. Hay otros que cubren las medidas del Gobierno para aumentar los recaudos, al igual que reformas, como las de pensiones, bienestar social, energía y salud.
Los informes mensuales de progreso, por su parte, retratan cómo va el Gobierno en la implementación de esos planes y los ahorros logrados, si alguno, hasta el momento.
La acción legal, radicada en el Tribunal Superior de San Juan, es contra el principal oficial financiero del Gobierno (CFO), Raúl Maldonado, y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y representante del gobernador ante la Junta, Christian Sobrino.
“Los documentos, materiales e información solicitados por el CPI son originados, conservados y/o recibidos por una dependencia del ELA. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, lee la demanda.
Según la página web de la Junta, el Gobierno ha entregado 91 planes de implementación de un total de 129 que le fueron requeridos. Ninguno de estos planes se ha hecho público. En cuanto a los informes mensuales de progreso, el Gobierno ha sometido a la Junta poco menos de la mitad de los informes requeridos.
Tras culminar una reunión pública de la Junta el pasado 28 de marzo, el CPI cuestionó a Maldonado sobre por qué el Gobierno no había entregado todos los documentos pedidos por la Junta.
“Porque ahora mismo llevo 30 días en la posición [de CFO]. Lo que hicimos fue que asignamos recursos a agencias más sensitivas, como Seguridad Pública, Salud, la parte económica. De ahí estamos yendo a todas las demás. Ahora mismo estamos en, aproximadamente, 100 agencias, donde tengo recursos asignados para esto [los planes de implementación e informes de progreso]”, dijo Maldonado, quien agregó que los recursos incluyen personal de carrera de la Oficina del CFO, los consultores privados Deloitte y BDO, y “otros contratistas locales”. Contrario a lo que expresó el funcionario, Maldonado ejerce como CFO del Gobierno desde enero de 2017.
A principios de febrero, el CPI solicitó a la Oficina del CFO todos los planes de implementación e informes de progreso entregados a la Junta. A pesar de que la oficina que dirige Maldonado es la responsable de coordinar la entrega de estos documentos según el plan fiscal, la petición fue referida por La Fortaleza a AAFAF.
Al cabo de un mes, AAFAF realizó una entrega parcial de los documentos solicitados en un CD. Dejó fuera todos los planes de implementación y más de la mitad de los informes de progreso que, según la Junta, ya fueron sometidos por el Gobierno.
Entre los informes de progreso no entregados al CPI, se encuentran agencias clave, como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Negociado de la Policía, el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico. Algunos de los documentos entregados son ilegibles, mientras que otros tienen tachones sin justificación alguna.
El CPI dio seguimiento para obtener la totalidad de los documentos solicitados y atender las deficiencias identificadas en la entrega del 8 de marzo. Sin embargo, al día de hoy, el CPI todavía espera por la respuesta de AAFAF.
“Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, enfatiza la demanda radicada por la representación legal del CPI, los abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell de la Clínica Legal de la Universidad Interamericana.
Información tachada sin justificación alguna; datos incompletos o ausentes; retrasos en la implementación y el reconocimiento de parte de algunas agencias del Gobierno de que hay medidas que no pueden implementar, este es el saldo de una revisión inicial de la entrega que hizo AAFAF al CPI.
Luis J. Valentín Ortiz / Centro de periodismo investigativo Esta nota se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede accederla en www.periodismoinvestigativo.com.
