A dos semanas de habérsele determinado causa para juicio, la jueza Eloína Torres Cancel realizó hoy la lectura de acusación contra Sandra Torres, exjefa del Negociado de Telecomunicaciones, en el cual se le imputa violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal al organizar una actividad política para el entonces gobernador Ricardo Rosselló en horas laborables.
La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan pautó para el 18 de agosto a las 10:00 a.m. una vista de estatus en la que se espera que se fije una fecha para la celebración del juicio en su fondo. Carmen Quiñones, abogada de Torres, señaló que ahora las partes iniciarán con la etapa del descubrimiento de prueba de cara al juicio criminal contra la exfuncionaria.
Pese a que hoy compareció ante la jueza Torres Cancel, Quiñones indicó que el caso será atendido por el juez Aldo González Quesada. En esencia, la lectura de acusación, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento Criminal, es un proceso en el que se le entregan formalmente los cargos que se le imputan al acusado.
A Torres se le imputa haber violentado los artículos 4.2 (b) y 4.2 (m), que prohíben, respectivamente, que un funcionario use su cargo para obtener un beneficio que no esté permitido en ley y que ejerza influencia sobre otros empleados para que hagan contribuciones políticas o participen de actividades políticas. El tercer cargo contra la exfuncionaria es por violación al artículo 252 del Código Penal, que prohíbe que una persona utilice de forma ilícita, para su beneficio o para beneficio de un tercero, propiedad, trabajos o servicios pagados con fondos públicos.
El pasado 10 de junio, al concluir la vista preliminar, Torres insistió en su inocencia ante los cargos que le imputó la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI). “Me sostengo en lo que he dicho desde el día número uno: en mi inocencia total. La justicia divina prevalecerá”, dijo la exfuncionaria en aquel momento.
La Oficina del FEI es representada en este caso por los fiscales Ramón Mendoza, Leticia Pabón y Juan Catalá.
Durante la vista preliminar, testificaron Katherine Erazo, exrecaudadora del Partido Nuevo Progresista (PNP); Exel López, exayudante de Torres y María Fullana, exayudante ejecutiva de Torres.
En su testimonio, Erazo no pudo precisar las razones por las cuales firmó un acuerdo de colaboración con la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OFEI) y tampoco pudo identificar otros jefes de agencia que supuestamente también habrían realizado actividades de recaudación para el entonces gobernador Rosselló.
Sin embargo, López detalló las instancias en las cuales Torres le habría pedido que vendiera taquillas durante horas laborables en el Negociado. El testimonio de López se centró en las alegadas presiones que este recibió de parte de Torres para vender taquillas para el evento que se celebró el 7 de junio de 2018. Incluso, el testigo —presentado por los fiscales especiales independientes— mencionó que tuvo que acudir a las oficinas de empresas como AT&T y Claro Puerto Rico a entregar dichos boletos para el evento de recaudación pese a que expresó su preocupación a la funcionaria debido a que se trataban de empresas reguladas por el Negociado.
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