Luis Cruz Santiago tuvo 52 terapias grupales y 11 individuales en uno de los proveedores de los programas de desvío para agresores en casos penales de Ley 54, pero el pasado sábado sacó un arma de fuego para la cual no tenía licencia y asesinó a su pareja Jackeline Santiago Rodríguez en pleno cuartel de la Policía Municipal de Morovis.

Este es el más reciente feminicidio que pone en tela de juicio la efectividad de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, conocido como los Programas de Desvío.

Según informó la oficina de prensa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Cruz Santiago comenzó a participar de programas de desvío mediante resolución emitida por el Tribunal de Arecibo.

“Como participante del programa de desvío , hizo 12 sesiones de terapias preventivas por adicción al alcohol. A su vez, inició las terapias por Ley 54 y completó 52 terapias grupales y 11 individuales a cargo de terapeuta/psicóloga del [Programa] Cuaresma”, informó el DCR en declaraciones escritas.

El centro de desvío, Programa Cuaresma, opera desde el 29 de octubre del 2009 y cuenta con un licencia vigente, según comunicó el DCR.

“A esta fecha le quedaba una terapia individual para culminar su programa de desvío”, agregaron sobre el hombre de 38 años que ahora deberá enfrentar la justicia por el asesinato de Santiago Rodríguez, madre de tres hijos.

Lo que procede

La directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Departamento de Justicia, la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, indicó a Metro Puerto Rico que radicarán cargos contra Cruz Santiago una vez esté de alta de su tratamiento en Centro Médico.

“Obviamente aquí hubo un feminicidio íntimo, que ya está la investigación bien adelantada. No puedo anticipar cuáles son los delitos, pero podemos pensar a lo que se van a referir por las circunstancias del caso. Así que nosotros estamos preparados para iniciar el procesamiento criminal y que nosotros podamos llevar este caso lo antes posible al tribunal”, informó Hernández Gutiérrez.

Por otra parte, la fiscal indicó que, como parte de los programas de desvío, el tribunal hace vistas de seguimiento, evaluaciones y monitoreo cada dos a tres meses. Su última vista de seguimiento fue el pasado 25 de febrero.

“El Tribunal va evaluando y en este caso todas las vistas de seguimiento de este caballero, según el programa de la comunidad -en quien nosotros descansamos, porque son los ojos del Tribunal en el cumplimiento de la sentencia- siempre dijo que los ajustes de esta persona eran favorables”, aclaró, añadiendo que el sujeto compareció a sus terapias y cumplía con lo que solicitaba el Tribunal.

Cruz Santiago llegó a los programas de desvío luego que el 26 de octubre del 2022, aceptó culpabilidad y llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, en un caso de Violencia Doméstica contra otra víctima.

“Evidentemente estos programas no están funcionando”: dice portavoz del OEG.

La portavoz del Observatorio de Equidad de Género (OEG), la Lcda. Josefina Pantojas, señaló sobre la constante problemática sobre estos programas y aseveró que todas las reincidencias denotan la ineficiencia de los programas.

“Ciertamente son programas que están por la libre, porque la Junta, que se supone que los supervise y que son nombrados, todavía no está completa. […]Evidentemente estos programas no están funcionando y hemos visto varios ofensores que anteriormente habían estado en programas de desvío como el caso de la masacre de Yauco. Así que, encima del disgusto y la pena que una siente del total desprecio por la ley y la justicia, que esta persona tuvo -por que lo hizo inclusive en el mismo lugar donde la mayoría de las víctimas acuden por primera vez buscando servicio y ayuda-, sin nada que le quedara por dentro, ahí mismo le disparó [Caso de Jackeline Santiago Rodríguez]”, argumentó Pantojas.

La psicóloga de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer (OPM), Esther M. Figueroa Ríos, afirmó que dichos programas no “tienen supervisión alguna”, a pesar que la Ley 449 para Crear la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras establece que deben ser monitoreados.

El cuerpo fiscalizador debe estar compuesto por siete miembros nombrados por el gobernador; un representante del Departamento de Corrección, del Departamento de Familia, Directora Ejecutiva o Comisionada de la Comisión de los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), un trabajador social, un psicólogo y un abogado con experiencias en el tema.

Al día de hoy la junta no está constituida.

“Aunque la Junta no está constituida, el DCR ha licenciado los programas de desvío conforme a la reglamentación vigente”, dijo el DCR en sus declaraciones escritas.

La licenciada Pantojas reiteró en que la carencia de supervisión en estos programas hace más probable una reincidencia. De igual forma, planteó que no hay constancia en la materia trabajada o evidencia sobre los progresos de los participantes e informes que se entregan al tribunal.

En el caso que involucraba a otra víctima, Cruz Santiago enfrentó tres cargos bajo la Ley Núm. 54; por los Artículos 3.1, Maltrato; 3.3, Maltrato mediante amenaza, en tercer grado y 3.4, Maltrato mediante la restricción de la libertad.

Según se indicó a Metro Puerto Rico, el hombre se encontraba en un programa de desvío por resolución del tribunal tras realizar una alegación preacordada, mediante la cual admitió los hechos. Todos los delitos imputados originalmente y por los que finalmente se declaró culpable cualificaban para cumplir en un programa de desvío, conforme a la Ley 54-1989.

Además, este no contaba con convicciones previas, ya que un caso anterior presentado en su contra fue desestimado porque los testigos no comparecieron al tribunal en la etapa de vista preliminar. El informe presentencia también recomendaba el desvío.

De acuerdo a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), la víctima de este caso estuvo presente en sala y consintió al acuerdo, incluyendo el referido a los programas de reeducación. Tal resolución se emitió el 9 de marzo del 2023.

Un poco más de un año y a ley de una terapia para culminar con el tiempo estipulado, Cruz Santiago alegadamente asesinó a su actual pareja, Rodríguez Santiago.

Pantojas subrayó en que lo preocupante es que los récords criminales de estos participantes se borran una vez culminan con el tiempo estipulado por el juez. El agresor sale libre y le remueven los cargos.

“Usualmente se borra ese récord criminal, si cumple con el readiestramiento que son las condiciones de la probatoria. Se supone que el programa rinda un informe al juez, el juez lo examine y determina si ha cumplido. Entonces en el récord no le salen esos delitos en su récord penal a menos que haya una reincidencia entonces se rescata el expediente”, aclaró.

Por último, Pantojas también recalcó en la necesidad de mejorar los protocolos a la hora de atender a las víctimas, asegurar recibirlas en un espacio protegido para evitar tragedias como la de Santiago Rodríguez.

Andrea Ruiz Costas fue asesinada y calcinada el 27 de abril de 2021 por su expareja, Miguel Ocasio Santiago. El hombre fue parte de estos programas. Asimismo, en la reciente masacre de Yauco el pasado mes de enero, donde Linnette Morales Vázquez, su madre Lizzette Vázquez Vélez y su hermano, Luis Miguel Morales, fueron asesinados por su exnovio, Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, se supo que el victimario— quien también se suicidó— asistió a los programas.

Programa Cuaresma

El programa en el que participaba el más reciente victimario está ubicado en Arecibo. En un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en el año 2021, su coordinadora, Mayra González habló sobre su ofrecimiento.

Dijo en aquel momento que ella tenía una relación con el personal del Tribunal de Arecibo que le permitía conocer decisiones que pueden afectar la reeducación de un agresor. Reconoció que los programas no estaban siendo fiscalizados, pero que ellos mismos establecían mecanismos para garantizar los servicios de reeducación.

“¿Cómo evalúan el proceso de reeducación de un participante?”, preguntó el CPI.

“Nosotros los evaluamos porque los escuchamos. Los estamos viendo semanalmente y dentro de esas terapias se les hacen preguntas y tú puedes identificar que han hecho la introspección. ¿Que puedan volver a reincidir? Eso es bien difícil poderlo determinar”, señaló González en aquella entrevista.

En el caso de Cruz Santiago, reincidió, pero en esta ocasión resultando en otra mujer asesinada.