WASHINGTON (AP) — Un juez federal prohibió el viernes que el fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, entre en Washington, D.C. sin la aprobación del tribunal, después de que el presidente Donald Trump conmutara la sentencia de prisión de 18 años del líder del grupo extremista por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.
El juez federal de distrito, Amit Mehta, quien supervisó el juicio por conspiración sediciosa de Rhodes y otros miembros de Oath Keepers, emitió la orden dos días después de que Rhodes visitara el Capitolio, donde se reunió con al menos un legislador, conversó con otros y defendió sus acciones el día del disturbio.
La orden de Mehta se aplica también a otros siete acusados que fueron imputados en uno de los casos de conspiración más graves presentados por el Departamento de Justicia con relación al disturbio. La orden también les prohíbe entrar al edificio del Capitolio o a los terrenos circundantes sin el permiso del tribunal.
Rhodes, originario de Granbury, Texas, fue liberado de prisión, horas después de la amplia acción de clemencia que el presidente republicano emitió el lunes, beneficiando a más de 1,500 personas acusadas del ataque que detuvo la certificación de la victoria de Joe Biden sobre Trump en la elección presidencial de 2020.
Aunque Trump indultó a la mayoría de los acusados, solo conmutó las sentencias de prisión de Rhodes y de 13 personas más. Eso significa que permanecen en libertad supervisada y deben cumplir ciertas restricciones establecidas por el tribunal bajo la supervisión de un oficial de libertad condicional.
Rhodes no entró al Capitolio el 6 de enero, pero fue acusado de orquestar un complot de varias semanas para detener por la fuerza la transferencia de poder. Fue condenado por conspiración sediciosa en 2022, y recibió una de las sentencias más largas en la amplia prosecución del Departamento de Justicia.
Rhodes dijo en su visita al Capitolio, a principios de esta semana, que ahora exhorta a Trump a que le conceda un indulto completo. Rhodes se detuvo en un Dunkin’ Donuts dentro del edificio de oficinas de la Cámara de Representantes, en el complejo del Capitolio, antes de presentar una amplia defensa de sí mismo y de sus acciones.
“No lideré nada. Entonces, ¿por qué debería sentirme responsable de eso?” dijo.
James Lee Bright, abogado que defendió a Rhodes en el juicio, dijo el viernes a The Associated Press que le preocupa que la crítica a los indultos por parte de los jueces del tribunal federal de Washington signifique que su cliente y otras personas en libertad supervisada sean monitoreados “con mano muy pesada”.
La orden de clemencia que Trump emitió el lunes llevó a la liberación de más de 200 personas bajo custodia federal, entre ellas, docenas de personas condenadas por agredir a la policía que defendió el Capitolio. El presidente también ordenó el sobreseimiento de cientos de casos pendientes.
Trump ha defendido los indultos diciendo que los acusados ya habían “cumplido años en prisión” en condiciones que describió como “asquerosas” e “inhumanas”.
Desde entonces, varios jueces han hablado sobre los indultos y los esfuerzos por reescribir la historia de la insurrección del 6 de enero, emprendida por una turba de seguidores de Trump. La jueza federal de distrito, Tanya Chutkan, que presidió el caso de interferencia electoral de Trump antes de su desestimación, dijo que los indultos no pueden cambiar la “trágica verdad” sobre el ataque.
“No pueden blanquear la sangre, las heces y el terror que la turba dejó a su paso”, escribió Chutkan en documentos judiciales a principios de esta semana. “Y no pueden reparar la profunda brecha en la sagrada tradición estadounidense de transferir el poder de manera pacífica”.
Mehta señaló que indultar a Rhodes sería “aterrador”.
“La idea de que Stewart Rhodes pueda ser absuelto de sus acciones es aterradora, y debería serlo para cualquiera que se preocupe por la democracia en este país”, dijo el juez desde el estrado el mes pasado.
El abogado de Rhodes dijo que los comentarios del juez muestran que los acusados del 6 de enero no podrían obtener un juicio justo en Washington.
Casi 1,600 personas fueron acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios en el Capitolio. Más de 1,000 de ellas se declararon culpables. Unas 250 más fueron condenadas por un juez o un jurado después de someterlas a juicio. Más de 1.100 fueron sentenciadas, y más de 700 de ellas recibieron una pena de prisión que iba desde algunos días hasta 22 años.
