Del CPI.
El director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, eliminó información esencial de los resúmenes de los informes financieros de los servidores públicos que publica la agencia en su página electrónica, lo que dificulta la fiscalización pública sobre los haberes de los funcionarios que —por el tipo de servicio que prestan— están obligados a rendir cuentas sobre sus finanzas.
La plataforma de Resumen Financiero de Servidores Públicos ahora solo indica los totales de ingresos, los pasivos, activos y otras transacciones del servidor público, pero esconde la cantidad de dinero por cada transacción.
El cambio se dio en el mes electoral de noviembre, pero Pérez Vargas afirmó, en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que no respondió a ninguna presión de candidatos, funcionarios entrantes o salientes ni partido político y que los primeros pasos para cambiar los datos visibles en la plataforma iniciaron en marzo de 2024.
“Yo respondo por mis acciones”, dijo el director ejecutivo. “Me convencí que el resumen que estaba era mucho más íntimo que lo que la ley requiere”, agregó.
Los resúmenes no fueron cuestionados o impugnados por algún funcionario por la vía judicial, reconoció. Tampoco fue parte de la discusión legislativa o pública como problema fundamental dentro del servicio público. Fue el director ejecutivo de la OEG quien, por iniciativa propia, según dijo, entendió que los resúmenes contenían más información que la que exige la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (Ley 1-2012), y decidió quitarle a la ciudadanía acceso a los datos.
Con el apoyo del director auxiliar del Área de Sistemas de Información, Norberto Cruz Córdova; y del director auxiliar de Auditorías de Informes Financieros, Héctor Bladuell Viera, se hizo el cambio en la plataforma, que conllevó un gasto de cerca de $40,000.
La Ley 1-2012 impone a la OEG la obligación de dar acceso al público a un resumen de los informes financieros que ciertos empleados de la Rama Ejecutiva tienen que presentar ante esa agencia cada año. Vienen obligados a rendir estos informes servidores públicos que tienen poder decisional en las agencias y corporaciones públicas, oficiales de compra, miembros de las junta de subastas, jueces y funcionarios electos, entre otros.
Los resúmenes se nutren del informe financiero que llena el servidor público, que es mucho más abarcador. Es obligación de los servidores públicos a los que se les requiere rendir informes financieros indicar cualquier transacción que eleve o disminuya su patrimonio y, de no hacerlo, pueden incurrir en violaciones administrativas o penales.
En el nuevo resumen, en lugar de cantidad de dinero, solo aparece una tabla con el nombre de la sección del formulario a la que se hace referencia y se ve una marca de cotejo (check mark) para contestar si la sección fue completada o si el dato solicitado en el Informe Financiero no le aplica al funcionario en cuestión. En el lado derecho de la tabla, se publica la suma de los ingresos, pero contrario al resumen que se publicaba antes, ahora no se indica si parte de esos ingresos provienen de un negocio propio.
Los activos aparecen sumados y tampoco permite discernir cuánto de estos activos corresponden a propiedades inmuebles, cuentas financieras, inversiones, vehículos de motor, obras de arte, antigüedades, colecciones y joyería. Tampoco se puede saber a cuánto ascienden las deudas y compromisos económicos del servidor público, y solo se presenta la cifra total de los pasivos.
¿Qué se escondió?
El resumen anterior permitía ver la cantidad de dinero ingresado por un negocio propio del servidor público, la cantidad que mantenía en entidades financieras, la cantidad invertida en bonos, acciones y otros instrumentos. Se indicaba el valor estimado de los vehículos de motor que poseía; de sus propiedades inmuebles, una apreciación económica de los objetos de arte, joyería, colecciones, entre otros activos. De igual manera, se indicaba, en dólares y centavos, las deudas y obligaciones del funcionario, como hipotecas y préstamos.
De esa manera, se podía entender mejor de dónde provenía el capital del servidor público que rinde el informe. Completar estos informes es una obligación de la Ley de Ética para entre 9,000 y 10,000 servidores públicos en Puerto Rico, según un estimado ofrecido por Pérez Vargas. El sistema público tiene casi 163,000 empleados, según datos del Instituto de Estadísticas, cifra que incluye las tres ramas de gobierno.
Estos resúmenes financieros que publica la OEG nunca han especificado de dónde provienen los ingresos, ni ofrecen una descripción de los bienes o cuáles eran exactamente las obligaciones o compromisos económicos del servidor público. Pero al menos, la información provista antes permitía cierta fiscalización porque reflejaba algo del estilo de vida que mantenía el funcionario público y cuál es el patrimonio que divulgaba en sus informes y si estas partidas cambiaban durante su gestión pública.
La directora ejecutiva de la organización Espacios Abiertos, Cecille Blondet, dijo que omitir esa información opera contra la función misma de la OEG, que es evitar y detener que funcionarios utilicen sus puestos para mejorar su situación financiera y la de su familia.
“Se divulga esta información para que haya muchos más ojos que puedan fiscalizar y llamar la atención sobre posibles irregularidades”, señaló Blondet, quien dirige la organización dedicada a promover la participación cívica y la transparencia en la gestión pública.
La fundadora de la organización Sembrando Sentido, Issel Masses Ferrer, también manifestó preocupación porque la determinación de ocultar información de los informes tendrá el efecto de limitar la fiscalización ciudadana y porque esta determinación de la OEG ocurre precisamente en el momento en que están entrando nuevos funcionarios al gobierno debido al cambio de administración. Opinó que la OEG debería revertir su decisión e iniciar una conversación sobre qué otros datos deben ser divulgados.
“Estamos observando una situación en la que las entidades fiscalizadoras y el mismo gobierno de Puerto Rico cada vez tiene menos recursos para poder ejecutar sus roles y donde la sociedad civil es muchas veces quienes están llevando a cabo el rol fiscalizador, pero cómo podemos fiscalizar si cada vez más se invierte para mejorar la imagen de estas páginas, pero no para mejorar la información”, dijo la directora ejecutiva de Sembrando Sentido, cuyo objetivo es promover el uso debido y la protección de los recursos públicos.
¿Por qué cambiar?
El Resumen Financiero de Servidores Públicos que estuvo vigente hasta noviembre de 2024 se mantenía activo desde 2017, cuando la exdirectora de la OEG Zulma Rosario decidió poner ante el ojo público más datos sobre el capital que informan los servidores públicos obligados a rendir informes sobre sus finanzas personales. El cambio surgió luego de reportajes de prensa que denunciaron la opacidad que existía en los resúmenes que publicaba la OEG previo al 2017.
Durante siete años la OEG publicó este resumen sin que se cuestionara su legalidad en los foros judiciales o legislativos. Pérez Vargas dijo al CPI que decidió cuestionar su validez ante la inquietud que le presentó una servidora pública, cuyo cargo no pudo precisar. Esta es la única inquietud que le han comunicado directamente al director ejecutivo durante los siete años que el informe anterior se había utilizado, pero fue suficiente para moverlo a cambiarlo.
Conforme al director ejecutivo, la mujer —que según su recuerdo trabaja en el área de compras o pertenece a la junta de subastas de alguna entidad pública— se le acercó durante la celebración de un foro y le manifestó su incomodidad porque un compañero de trabajo le había hecho referencia sobre el dinero que tenía depositado en el banco y del que se enteró por el resumen publicado por la OEG.
“Me quedé con esa y empezamos acá [en la OEG] a dialogar”, dijo Pérez Vargas, quien en 2019 fue nombrado director ejecutivo de esa oficina por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.
Pérez Vargas y su equipo de trabajo decidieron entonces hacer cambios en la plataforma en la que se publican estos resúmenes para divulgar solo los totales de los activos, pasivos e ingresos que reportó el servidor público sin detallar las cantidades en las que estiman sus diferentes activos o deudas. En esa gestión, estuvieron ocho meses, de marzo a noviembre de 2024.
“Nosotros necesitamos más información, no menos información. Aún con la información que se divulgaba, aún con la fiscalización que se hace, lamentablemente son varios los casos de personas que utilizan la función pública para mejorar su situación financiera y la de su familia”, dijo Blondet. “Mantener la divulgación pública mantiene al funcionario en alerta de que tiene que cuidar las transacciones personales que hace, qué es lo que hace con su patrimonio”.
¿Qué o a quiénes se protege?
El director auxiliar de Auditorías de Informes Financieros de Ética Gubernamental dijo que también escuchó quejas de algunos servidores que entendían que divulgar la cantidad que tenían depositados en el banco podría exponerlos a atentados contra ellos o su familia.
“Nunca hemos visto evidencia ni global ni local de que publicar esta información pueda presentar ningún tipo de riesgo en términos de seguridad para el servidor”, dijo la fundadora de la organización Sembrando Sentido.
Masses Ferrer indicó que la determinación del director ejecutivo de la OEG es otro intento gubernamental por limitar el acceso a la información pública.
“Estamos entrando a una nueva administración que casi del saque está presentando proyectos de ley que amenazan los pocos procesos de derecho a la información que se han establecido para acceder la información y que de por sí ya son limitantes”, expresó.
Masses Ferrer se refiere al Proyecto de Ley 63, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para enmendar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre las enmiendas está extender el periodo que dispone una agencia para proveer la información solicitada por ciudadanos.
La directora ejecutiva de Sembrando Sentido señaló que, en lugar de dedicar esfuerzos a limitar el acceso a la información, el empeño debería estar dirigido a mejorar las herramientas que se tienen disponibles para facilitar la fiscalización y que el gobierno pueda tomar acciones preventivas y no luego de que hay pérdidas de fondos públicos o prácticas irregulares e indeseables en la administración pública.
“Hay muchas maneras que esta información se debe utilizar para fiscalizar de manera interna y externa de forma más inteligente y ágil”, dijo Masses Ferrer. “Muchas de estas bases de datos [del gobierno] no se hablan entre sí…y cada vez la tecnología se presenta como un arma positiva, como una herramienta clave para agilizar la fiscalización en un contexto donde cada vez tenemos menos recursos humanos, menos cuerpos, que puedan hacer el trabajo. Pero tenemos que saber usar la tecnología y los datos abiertos a nuestro favor”, añadió.
Aunque no tiene que ver con las funciones de su cargo en la OEG, Bladuell Viera ofreció su opinión de que “el país no ha podido tener disponible gente muy talentosa también para que pueda venir a servir porque no está en esta disposición de que toda esta información de ellos íntima financiera esté divulgándose, y no es porque sean personas que quieran ocultar algo que esté ilegal”.
La directora ejecutiva de Espacios Abiertos destacó que es importante mantener visibilidad sobre el patrimonio de los servidores desde que entran a la función pública, durante su trayectoria y a su salida del cargo.
“Creo que más información siempre abona a una claridad y a menos suspicacia. El funcionario lo que debería es favorecer eso precisamente para mostrar que sus manos están limpias y que está transparente completamente”, dijo Blondet. “Cuando uno entra al servicio público, uno tiene que mostrar muchas cosas que a lo mejor en el sector privado no se publican. Eso es así porque a uno, como funcionario, se le deposita una confianza sobre presupuesto, sobre toma de decisiones, sobre contrataciones y el tener la información disponible [sobre sus finanzas personales] creo que a lo que abona es a mayor confianza”.
Pérez Vargas dijo que su determinación persigue un balance entre la intimidad del servidor público y la divulgación de información, y que el resumen vigente tiene más información que el primero que se publicaba cuando se puso en vigor la Ley 1-2012 y menos datos que el que lo sustituyó en 2017.
También se eliminaron de la plataforma algunos resúmenes de funcionarios que ya no están en el servicio público, pero cuya información antes permanecía visible y los informes anteriores al 2020. La Ley de Ética dice que se preserven hasta cinco años de concluida la auditoría o tres años después que el servidor público haya cesado de su cargo o empleo.
Según el director ejecutivo de la OEG, el portal solo tendrá aquella información que estrictamente le requiera la Ley.
¿Era para usted más importante proteger una privacidad que nadie le había cuestionado judicialmente que la transparencia? ¿Esa es su política administrativa?, preguntó el CPI sin obtener una respuesta precisa del director ejecutivo.
“Entiendo que era un balance de lo que uno entendía que era correcto entre la transparencia y la privacidad”, dijo Pérez Vargas, quien trabaja en la OEG desde 2007. Antes de eso, del 2002 al 2006, fue ayudante legislativo en la Cámara de Representantes y en el Senado.
Tampoco contestó directamente si le parecía que el resumen aprobado por su antecesora Rosario era ilegal.
“Si se entendió en ese momento que eso cumplía con [lo que dice la ley sobre] el resumen, bueno, puede estar bien o puede estar mal”, comentó.
Pérez Vargas afirmó que la fiscalización ciudadana es importante para la entidad que dirige, pero aseveró que la información contenida en esos resúmenes nunca han sido instrumento para la presentación de quejas o denuncias del público. Dijo que las irregularidades halladas en lo declarado por servidores públicos han sido detectadas por el examen que hace esa oficina u otras investigaciones penales y periodísticas.
Durante el cuatrienio que recién acabó, la Cámara de Representantes accedió a que la OEG publicará el resumen de los informes rendidos por sus legisladores. Debido a la separación de poderes, la Rama Legislativa y la Rama Judicial tienen sus propios códigos de ética y son ellos mismos quienes velan por el cumplimiento de los mismos, incluyendo la rendición de informes financieros personales. Todas las ramas presentan sus informes a la OEG. La Rama Judicial todavía lo hace en papel y esos datos no están disponibles en la plataforma digital como tampoco los de los senadores. Al cierre de esta edición los cuerpos legislativos no habían aprobado sus Códigos de Ética por lo que todavía no se sabe si permitirán el acceso a sus informes.
Los funcionarios nuevos deben presentar el informe de sus finanzas a 90 días de su nominación. Los funcionarios salientes también deben presentar un informe que refleje su capital al acabar el cargo público.
