Si bien el Tribunal Supremo federal acogió un caso que cuestiona la exclusión de Puerto Rico al Seguro Social Suplementario, el presidente estadounidense Joe Biden todavía podría desistir de su apelación.
En esencia, bajo la administración del presidente Donald Trump, el gobierno federal apeló la decisión del Primer Circuito de Apelaciones Boston en el caso de Vaello-Madero que decidió que los residentes de Puerto Rico no podrían ser excluidos del beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI, en inglés). Aunque se esperaba que el presidente Biden desistiera de dicha apelación, ayer el Tribunal Supremo acogió el caso y ahora está en sus manos si valida el dictamen del Primer Circuito.
Para el abogado puertorriqueño John Mudd, la administración de Biden todavía puede desistir del caso ante el Tribunal Supremo. “Todavía lo puede retirar bajo la regla 46 del reglamento del Tribunal Supremo de Estados Unidos”, opinó el letrado en entrevista telefónica con Metro. “La regla 46 no tiene término dice que mientras esté el certiorari andando [pueden retirar el caso]”, añadió.
Desde que Biden asumió la presidencia el pasado 20 de enero, diversos políticos del país abogaron para que el mandatario retirara el recurso legal ante el Tribunal Supremo. De retirar el caso, tendría el efecto de validar la decisión del Primer Circuito en Boston, por lo que los residentes de Puerto Rico podrían reclamar el derecho a este beneficio del SSI.
Mudd planteó que, además de este escenario, el caso de Vaello-Madero cuenta con varios posibles escenarios en el Tribunal Supremo federal.
El abogado argumentó que una de las posibilidades es que el máximo foro judicial estadounidense confirme y valide la decisión del Primer Circuito. Sin embargo, opinó que, basado en estadísticas anteriores, este resultado podría ser cuesta arriba. “Se puede confirmar la decisión del Circuito. Ahora, el 70% de las veces que el Supremo expide un certiorari en 70% de las veces se revoca la decisión del Apelativo”, señaló Mudd.
El abogado también opinó que el Supremo federal también podría revocar la decisión del Apelativo en Boston basado en pasadas decisiones de dicho foro judicial en los casos de Harris v. Rosario y Califano v. Torres, los cuales justifican el trato distinto a residentes de Puerto Rico bajo la cláusula territorial.
A su vez, alertó que la decisión del caso del Tribunal Supremo federal podría tener repercusiones en el litigio en torno al plan de ajuste de la deuda del gobierno central. La semana pasada, la Junta de Control Fiscal anunció que alcanzó un acuerdo con los bonistas del país y se espera que presenten el plan de ajuste antes del 8 de marzo. “Si la decisión del Circuito se mantiene, que no pueden discriminar, eso crea un disloque terrible para el Plan de Ajuste porque el Plan no considera que Puerto Rico tenga derecho a un montón de fondos que tendría derecho si el caso se decide favorablemente para Puerto Rico”, indicó.
Asimismo, comentó que es posible que el Supremo federal podría evaluar si revoca los Casos Insulares. Dichos dictámenes judiciales han concluido que la Constitución de Estados Unidos no aplica en su totalidad a territorios no incorporados, como lo es Puerto Rico.
El abogado también opinó que la administración de Biden podría haberse demorado en desistir del caso para ver las posibilidades de instaurar el beneficio mediante legislación en el Congreso. De esta forma, según Mudd, Biden podría adjudicarse dicha legislación como un triunfo político y que le ofrezca mayores posibilidades de contar con el voto de los puertorriqueños en Estados Unidos.
Trasfondo del caso de Vaello-Madero
La demanda fue radicada inicialmente por el gobierno de Estados Unidos en una acción de recobro contra José Luis Vaello Madero.
Este vivió en Nueva York del 1985 al 2013, donde recibía el beneficio del SSI por incapacidad. Luego, el hombre se mudó a Puerto Rico en el año 2013, pero seguía recibiendo el depósito del Seguro Social en su cuenta bancaria en Nueva York hasta el 2016. El gobierno de Estados Unidos inició una acción de recobro de dinero en su contra ante el Tribunal Federal de distrito, pero luego pidió la desestimación del mismo.
El gobierno de Estados Unidos pidió la desestimación del caso por falta de jurisdicción, alegando que aún habían procesos administrativos que Vaello-Madero podía agotar, pero el juez Gustavo Gelpí denegó esa petición de desestimación y el Tribunal de Apelaciones en Boston confirmó la determinación luego.
Antes de la determinación del Primer Circuito, el gobierno local se presentó como amigo de la corto. En ese entonces, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a semanas de ser ascendida al cargo ejecutivo, expresó que la intención de remover el derecho a los puertorriqueños era uno discriminatorio.
El Circuito de Apelaciones concluyó que “la exclusión de los residentes de Puerto Rico (al derecho de Seguro Social Suplementario) no está relacionada racionalmente con un interés del gobierno”. El caso en Boston fue atendido por los jueces Juan Torruella, Jeffrey Howard y Ojetta Rogeriee Thompson.
Luego la administración Trump recurrió al Supremo.
