El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, repudió la decisión del Secretario de Justicia federal de continuar caso Vaello-Madero e informó que se unirá al presidente estadounidense, Joe Biden, para llevar al Congreso los reclamos de incluir a los puertorriqueños residentes en la isla dentro de los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
“Lamentamos que el Departamento de Justicia de la administración demócrata le dé continuidad a la visión discriminatoria hacia las minorías hispanas, al decidir retomar el caso Vaello-Madero, que originalmente, fue radicado bajo la administración de Trump”, expresó Hernández Montañez.
El presidente cameral aseguró que “esta decisión apresura la agenda de trabajo de la Cámara de Representantes en la capital federal, específicamente, en abrir todas las puertas posibles para lograr que la Cámara y el Senado federal aprueben el presupuesto, en el cual se incluye la política pública demócrata e inclusiva de acceso para programas como Medicare, SNAP y SSI”.
Respecto al programa SSI, los menores, adultos y adultos mayores con discapacidad podrán recibir los beneficios, ya que este programa de justicia social está dirigido a personas cuya discapacidad no les permite trabajar de forma parcial o permanente. Asimismo, este tendrá un impacto positivo de $2,300 millones anuales en la Isla y beneficiará a cerca de 300,000 puertorriqueños menores y adultos con algún tipo de discapacidad.
“Siendo consistente con nuestra posición, la Cámara de Representantes intervendrá en este proceso judicial, mediante un recurso de Amicus curiae, en apoyo a la última gran aportación del juez Torruella, quien correctamente resolvió que darle acceso al SSI a todos los ciudadanos en PR es un derecho fundamental”, sostuvo Tatito Hernández.
El Legislador aseguró que “realizarán todas las gestiones posibles y que no claudicará en sus esfuerzos para hacerle justicia social a toda nuestra gente”.
El caso de Luis Vaello Madero se trata de un exresidente de Nueva York que se radicó en Loíza y contra quien el Seguro Social (SS), pretendía que devolviera $28 mil por no haber informado que se había mudado a la Isla donde no se reciben los beneficios del programa del SSI.
