El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no acogió un plan de acción correctiva que le recomendó la compañía UTICORP sobre incumplimientos de contrato que encontraron al auditar a la empresa Physician Correctional en el contexto de la excarcelación del asesino convicto, Hermes Ávila Vázquez, cuya salida culminó en otro feminicidio.
Así salió a relucir hoy en una vista senatorial de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado que preside José Vargas Vidot.
Según el representante legal y operativo de Uticorp, Jorge Galva Rodríguez, luego de la evaluación del contrato existente entre el DCR y Physician, existen cláusulas en donde “hubo incumplimiento” por parte de la compañía contratada por el DCR para la prestación de servicios de salud a la población correccional. En este mismo sentido, Galva Rodríguez recomendó al DCR a poner bajo un plan de acción correctiva al contratista Physicians, situación que no fue acogida por el Departamento.
“La aparente falta de acción del DCR ante los señalamientos, hallazgos y recomendaciones de Uticorp debe ser motivo de atención prioritaria debido a los efectos negativos que esto puede tener sobre la salud y bienestar de la población carcelaria”, insistió.
De igual forma, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón expresó intranquilidad por esta falta de acción expresando que “preocupa cuán extendida pueda ser la práctica, no solamente en el contexto del DCR, de atender o no atender señalamientos de una auditoría de este tipo”.
Por otro lado, entre los aspectos evaluados, la compañía Uticorp inició un proceso de revisión de informes mensuales y trimestrales enviados por Physician Correctional al DCR, donde evidenciaron que “los informes están incompletos, ya que no miden ni perpetúan información esencial sobre el estado de salud y provisión de servicios de salud de los reos”, indicó el representante legal y operativo de Uticorp.
“Los informes carecen completamente de cualquier tipo de análisis sobre los datos numéricos que captura. No hay run charts, no hay deviation charts, no hay información cualitativa de tipo alguno que refleje el análisis que el contratista ha hecho sobre los datos recopilados”, añadió.
Del mismo modo, según el asesor legal, el acceso al expediente e información de estado de salud del reo Hermes Ávila Vázquez fue limitado y parcial ya que Uticorp no había podido tener acceso a los documentos y actas del panel médico convocado por Physicians. Sin embargo, gracias a la documentación en el expediente de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado como de la Administración de Servicios Médicos, se llegaron a las conclusiones de que no existía la evidencia necesaria para otorgar la excarcelación bajo la Ley 25-1992.
“No había evidencia de que el excarcelado tuviera VIH/SIDA o alguna enfermedad terminal, no había evidencia en los registros evaluados de un examen clínico y diagnostico completo realizado por un neurólogo o fisiatra para determinar los orígenes, la existencia y el alcance de la supuesta paraplejia, el ex confinado tenía un patrón de rechazos repetidos a recibir tratamiento médico que no generaba acción por parte del equipo médico e incongruencia general, desorden y falta de congruencia en la documentación”, recalcó Galva Rodríguez.
Ante esto, se pudo evidenciar que, existía un “mismo patrón de inconsistencias, omisiones y falta de información” que hubo en el caso de Ávila Vázquez; ya que, mediante la evaluación de los casos de pases extendidos bajo el amparo de la Ley 25-1992, de todos los confinados que fueran excarcelados solamente tres cumplían con los criterios de la ley.
Al finalizar, el senador Vargas Vidot se mostró complacido con los hallazgos de la vista pública e indicó que, aunque la compañía auditora realizó sus labores y brindó sugerencias al DCR, se hubiera podido salvar una vida si estos hubieran acogido las recomendaciones en los informes.
“La cantidad de información que estamos recibiendo a partir de la comparecencia de Uticorp no solo nos amplía la posibilidad de emitir una opinión final, si no también, es una corroboración de todo lo que hemos señalado desde que comenzamos a escuchar los elementos que son incongruentes con una buena práctica que van de un subcontratado que no hace las cosas bien y el que los contrata, que no los supervisa”.
